a por narcotráfico a 65 meses prisión
SANTIAGO, RD.-La fiscalía federal de Estados Unidos acogió una moción presentada por Miguel Gutiérrez, el exdiputado por la provincia de Santiago apresado cuando entraba a Miami donde se le acusa de narcotráfico y recomendó la aplicación de una condena de cinco años y cinco meses.
Comunicó su aceptación de que la sentencia sea de apenas 65 meses de prisión, con efecto a partir del 1 de febrero de 2024.
La recomendación de la fiscalía sigue al desarrollo del caso, tras Gutiérrez declararse culpable y mostrarse dispuesto a proporcionar información sobre las operaciones que, entre el 2014 y el 2020, lo llevaron a traficar más de 51 mil kilogramos de cocaína a Estados Unidos.
Hasta donde ha sido conocido, las autoridades judiciales de los Estados Unidos han tratado el caso de Gutiérrez al margen del sistema judicial dominicano, que no tiene cargos contra el exlegislador por Santiago y se desconoce el estado en el que quedarán sus bienes en el país.
En 2020, Gutiérrez se convirtió en el candidato a diputado más votado por la provincia de Santiago. Su participación en actividades legislativas fue efímera, no llegando a destacarse entre sus compañeros.
Si bien no fueron especificados nombres, previo a las elecciones de ese año el exprocurador general de la República y precandidato presidencial del PLD, Francisco Domínguez Brito, alertó sobre la injerencia del narcotráfico en la campaña electoral, lo que dio señal de alerta en ese momento.
La lentitud en aplicar sanciones por parte de la Cámara de Diputados se volvió a evidenciar en el presente cuatrienio, no lográndose nunca una recomendación por parte de una comisión apoderada del caso y la suspensión de Gutiérrez llegó vía un acuerdo en el cual este renunciaba a la curul.
En abril del 2022, medios locales hicieron referencia a las pesquisas llevadas a cabo por la Procuraduría, entre las cuales se incluían varios legisladores en una investigación a una red de lavado de activos que dio como resultado la denominada Operación Falcón.
Igualmente, fue enviada a juicio de fondo la diputada Rosa Amalia Pilarte, acusada de lavado de activos fruto de una red que supuestamente dirige su esposo Miguel López. A Pilarte, para este caso, el PRM rechazó volver a presentar su candidatura, no así con otros implicados en el denominado caso Calamar.
En junio del pasado año el PRM reveló que incrementaría las evaluaciones que legalmente se le realizan a los aspirantes a puestos de elección popular.
Prometieron evaluar el manejo financiero de los candidatos y habilitar en su portal web una herramienta que le permitiera al ciudadano investigar por cuenta propia así como reportar anomalías. De esas investigaciones, no se han publicado resultados y el tema fue puesto en el olvido
