Juristas difieren sobre el curso del caso Odebrecht y el papel de la Procuraduría

Abogados que prestan servicios en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, tiene criterios diferentes en torno al curso que llevan las investigaciones y las acciones que debe tomar la Procuraduría General de la República frente al caso del confesado soborno de Odebrecht en el país.

Mientras que para algunos un mes de interrogatorio es suficiente para que el Ministerio Público sepa quiénes son los sobornados, otros consideran que el caso es complejo por lo que necesita más tiempo tras defender las acciones tomadas por el Procurador Jean Alain Rodríguez frente al soborno por el orden de los 92 millones que de acuerdo a la Constructora pagó a funcionarios dominicanos a cambio de la adjudicación de contratos para la construcción de obras millonarias.

Al responder sobre sus expectativas de lo que consideran será la segunda fase a ejecutar por parte de la procuraduría, los juristas son cautos en sus respuestas, algunos incluso prefieren no opinar, mientras que otros esperan que terminada la primera fase con unas 16 personas interrogadas, en la segunda podría haber detenidos y hasta formulación de acusaciones formales.

Los juristas entre los que se encuentran, Jorge Vargas, Adolfo Serrano y José Ramírez, emitieron sus consideraciones al acudir este lunes a su lugar de trabajo donde las actividades eran casi nulas por el feriado en ocasión de la conmemoración del Día del Patricio Juan Pablo Duarte.

Se recuerda que el pasado jueves la procuraduría hizo público de manera escrita la conclusión de la primera fase de los interrogatorios del soborno por el orden de los 92 millones de pesos pagados por Odebrecht a funcionarios de los gobiernos de Hipólito, Leonel y del primero de Danilo.

Organizaciones de la sociedad civil, legisladores y otros sectores abogan porque sean divulgados los nombres de los sobornados y se proceda judicialmente como ha ocurrido en otros países donde la Constructora Brasileña realizo las mismas prácticas, como es el caso de Panamá y del propio Brasil donde ya hay funcionarios encarcelados y sometidos a la justicia.