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La directora general de Ética e Integridad Gubernamental, doctora Milagros Ortiz Bosch, realizó una visita a la Procuraduría General de la República con el objetivo de poner en conocimiento de ese órgano la situación relacionada con ciudadanos denunciantes de presuntos actos de corrupción administrativa y fortalecer la coordinación interinstitucional en torno al caso.La funcionaria explicó que la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) recibió en agosto de 2025 una denuncia sobre presuntas irregularidades en la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Monseñor Nouel (CORAMON). Tras los levantamientos iniciales, la institución determinó que los hechos correspondían a una materia de naturaleza penal, por lo que, el expediente fue remitido oportunamente al Ministerio Público, específicamente a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), conforme a lo establecido en la Ley 133-11.Ortiz Bosch indicó que la visita a la Procuraduría responde a la preocupación institucional ante la posibilidad de que denunciantes o testigos puedan enfrentar represalias administrativas o legales, por lo que se consideró pertinente poner esta situación en conocimiento del Ministerio Público, órgano con competencia en la persecución penal.La titular de la DIGEIG informó, además, que la institución trabaja en la elaboración de una propuesta normativa orientada a fortalecer los mecanismos de protección para denunciantes, informantes y testigos, como parte de los esfuerzos para consolidar una cultura de integridad y transparencia en la administración pública.Ortiz Bosch reiteró el compromiso del Gobierno dominicano de respaldar a los ciudadanos que ejercen su derecho constitucional a denunciar irregularidades y de colaborar con las autoridades competentes para garantizar el respeto al debido proceso y el fortalecimiento institucional.Es inaceptable una reforma Constitucional a corto, mediano y largo plazo. La Carta Magna se debe dejar como está, tratar de hacer un solo cambio, podría desatar los demonios de las apetencias personales y grupales.
Hay variantes que se tienen que dar, con una eventual apertura de la asamblea de revisión de la Constitución. Ni para hacer esos remiendos casi obligatorios, es válido hoy la revisión constitucional..
Cuando se reúnen, los asambleístas constitucionales son soberanos. Para que se dé la convocatoria de revisión hay que tener uno o varios temas de agenda, pero cuando se inician las sesiones, no se sabe que puede llevar un político debajo de la manga del saco.
Un tema que se deberá abordar al correr de los años es la unificación de las elecciones. Hay que tratar que medien dos años entre las votaciones municipales y las presidenciales. Se torna necesario que las congresuales se separen de la selección del presidente.
Lo ideal sería que las municipales y las congresuales se celebren el mismo día. Hay un lazo comunicante entre el senador, los diputados, los alcaldes y los regidores. Es imposible hacer el cambio sin revisión constitucional. Dejar las avispas tranquilas.
Esa integración de las elecciones congresuales y municipales, dos años antes de las presidenciales, se tendrá que dar en un futuro lejano. Cada cual en boleta separada y motorizando una campaña única. Si lo más importante es la presidencial, se debe celebrar en solitario, para que el pueblo comprenda la responsabilidad que tiene al rayar la boleta.
También algún día se tendrá que hacer una reforma constitucional para que exista un ministerio público, que sea en verdad independiente, y que no esté sometido al decreto presidencial. A los jueces de las altas cortes se les debe alejar del partidismo y sus cuotas de personalidades.
La Constitución debe tener un mandato para la elección de los fiscales y el Procurador General de la República, donde no intervenga para nada el gobierno de turno, y los principales partidos del sistema. Asimismo, debe pasar en la selección de los integrantes de la Cámara de Cuentas, y de la Junta Central Electoral.
No hay condiciones para hacer un llamado a revisión constitucional, pero, de hecho, en la praxis, hay formas de trabajo y manejo de instituciones que deben estar bajo el amparo de la Constitución, para su real autonomía. Por ahora, nada de cambios y que todo siga igual. !Ay!, se me acabó la tinta.
