Santo Domingo.-La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) denunció un supuesto “festín de aprobaciones” en los ayuntamientos Higüey, La Romana, San Cristóbal, Azua y San Juan, en el cual figuran estaciones de combustibles y repartición de bienes municipales.
La organización que lucha contra la corrupción administrativa pidió a los alcaldes de esos territorios a parar esa práctica, advirtiendo que esas decisiones “tan complejas, deben ponderarse, por lo que representa en términos económicos, levantando sospecha de que se procura beneficiar a alguien, sobre todo cuando hay un cambio de alcaldes y regidores”.
Calificó de preocupante que durante el período de transición, los alcaldes y los regidores, aprobando proyectos que no fueron conocidos anteriormente y manifestó que serían llevados a la justicia si continúan con esas acciones..
Citó el caso de Higüey, en donde dijo se convocó una sesión de urgencia, para conocer la aprobación de 12 estaciones de combustibles, gasolina y Gas Licuado de Petróleo, GLP a un solo empresario del sector.
“Porque ahora al concluir una gestión , porque no se hizo antes, justo cuando varios ediles que procuraban reelegirse no lo lograron y saldrán del Concejo de Regidores”, se preguntó ADOCCO.
A través de un post en su cuenta de X, antigua Twitter, ADOCCO dijo que las mismas acciones se están llevando a cabo en la alcaldía de La Romana, “en donde se han producido denuncias de aprobaciones irregulares de uso de suelo y para la instalación de estaciones de expendio de combustibles, compras y pagos de deudas sin soporte, con el común denominador, de que tanto alcalde y concejales no pudieron repetir en sus puestos y que cesaran en sus funciones el 24 de abril, cuando tomen posesión las nuevas autoridades edilicias”.
Manifestó que en el caso de la alcaldía de San Juan de la Maguana, también entró “el festival de las aprobaciones subrepticias de estaciones de combustibles y permisos de uso de suelo, acompañado de pagos de deudas sin soportes, pensiones a favor de personas sin reunir los requisitos de ley”.
“Al igual que las alcaldías de San Cristóbal y Azua, han negado la entrega de los detalles de la ejecución presupuestarias, solicitadas en varias ocasiones a través del SAIP, por lo que serán llevados a la justicia”.
