Santo Domingo, RD.- El ministro de Administración Pública (MAP), Darío Castillo Lugo, remitió una comunicación a las principales organizaciones del país, vinculadas con la municipalidad, solicitando su colaboración para garantizar el estricto cumplimiento de las obligaciones legales, en cuanto a la presentación de las Declaraciones Juradas de Patrimonio (DJP) por parte de los funcionarios públicos municipales, electos y designados.
El articulo 2 de la Ley 311-14 sobre Declaraciones Juradas de Patrimonio establece que los funcionarios deben depositar su declaración jurada de patrimonio dentro de los 30 días siguientes a su toma de posesión; cada vez que inicie el ejercicio de un cargo, o sea reelegido para un nuevo período; dentro del plazo máximo de treinta 30 días de haber cesado en el cargo y cuando la autoridad competente lo estime necesario podrá requerir la actualización de su declaración jurada de bienes.
En la misiva dirigida a la Liga Municipal Dominicana (LMD), la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU), la Federación Dominicana de Distritos Municipales (FEDODIM), la Asociación Dominicana de Regidores (ASODORE) y la Asociación Dominicana de Vocales (ADOVA), a propósito de la reciente toma de posesión de las nuevas autoridades locales el pasado 24 de abril, Castillo Lugo resaltó la obligatoriedad de realizar estas declaraciones, conforme a las disposiciones constitucionales y legales.
En ese sentido, el funcionario señaló que los alcaldes, vicealcaldes, directores de distritos municipales, regidores, vocales, así como los tesoreros municipales, los directores administrativos y financieros, y los encargados de compras y contrataciones de los cabildos, tienen la obligación de elaborar un inventario detallado y jurado de sus bienes patrimoniales, en el plazo de un mes a partir de su toma de posesión.
Este mandato está contemplado en las leyes núm. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, y núm. 311-14 sobre Declaraciones Juradas de Patrimonio, junto con su reglamento de aplicación núm. 92-16.
Además, advirtió que mediante el decreto núm. 343-22, se instruyó a la Contraloría General de la República (CGR) a no autorizar la inclusión en nómina pública de aquellos funcionarios que no hayan cumplido con el requisito de presentar su correspondiente Declaración Jurada de Patrimonio.
Castillo Lugo también indicó que dichas declaraciones pueden ser presentadas de manera virtual, a través del portal Web de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, y enfatizó que el grado de cumplimiento es monitoreado y reflejado en el indicador IGOB 8, del Sistema de Monitoreo de la Administración Pública Municipal (SISMAP Municipal), “…y cuyos resultados son públicos y accesibles para la ciudadanía, a través del portal sismap.gob.do/municipal, garantizando la transparencia y el acceso a la información”, agregó el titular del MAP.
Castillo Lugo se refirió a estas disposiciones, en concordancia con el compromiso asumido por el Presidente Luis Abinader, en materia de transparencia, cumplimiento del ordenamiento jurídico y combate a la corrupción.
Se recuerda que mediante el Decreto 343-22, se creó una comisión integrada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), el Ministerio de Administración Pública (MAP), el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), la Contraloría General de la República (CGR) y la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo (CJPE), con el objetivo de “Facilitar a la Cámara de Cuentas la información necesaria para el cumplimiento de la ley núm. 311-14 que instituye el Sistema Nacional Autorizado y Uniforme de Declaraciones Juradas de Patrimonio de los Funcionarios y Servidores Públicos”.
