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SANTO DOMINGO, RD.- A solo días de iniciar su segundo mandato presidencial, el presidente Luis Abinader ha optado por mantener en el gobierno a funcionarios que les acompañan desde que asumió en el 2020, rotándolos en otras posiciones, algunas de ellas menos trascendentales.
Días antes, en su habitual “Semanal con la Prensa”, el mandatario adelanto que habría algunas remociones de funcionarios, pero hasta el momento la única trascendental fue la del ex presidente del Senado, Andes Bautista, promovido de Ministro Asistente a ministro de la Presidencia, en sustitución del interino Igor Rodríguez Duran, quien a su vez asumió en sustitución dl titular José Ignacio Paliza.
En lo que lleva de gestión, el presidente Abinader ha destituido al menos 28 funcionarios de primer nivel, incluido su primer ministro de la Presidencia, de la Presidencia, Lissandro Macarrulla.
En el rango de exministros, también están los casos de Roberto Fulcar, de Educación destituido tras varias denuncias de irregularidades y señalamientos a su desempeño, mientras que el exministro de la Presidencia, tomó una licencia y luego renunció, alegando un supuesto “acuerdo” de dos años que había pactado con Abinader; sin embargo, su nombre, el de su hijo, y el de su empresa, estuvieron vinculados
También la suspensión y cancelación de los directores del Acuario Nacional y del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (PROMYPYME), vinculados a distintas denuncias de irregularidades.
En el primer renglón están unos seis ministros, que abandonaron sus cargos, ya sea por desvinculación, renuncia o, en el menor de los casos, por un movimiento dispuesto por el presidente Abinader.
En esta lista figuran las exministras de la Juventud, Kinsberly Taveras y Luz del Alba. La primera cancelada por denuncias referentes a la procedencia de su patrimonio, y la segunda por supuestamente beneficiar empresas con licitaciones.
A estas les sigue el exministro de Salud Pública, Plutarco Arias, cancelado en plena pandemia tras ser vinculado a una supuesta sobreevaluación en compra de jeringuillas, entre otros aspectos de su gestión.
La lista de funcionarios con el cargo de directores que fueron removidos es la más larga dentro de los cancelados. En total, unas 16 personas fueron, mayoritariamente destituidos de sus puestos.
Los más recientes fueron Wanda García y Porfirio Peralta, directores del Acuario Nacional y de Promipymes, respectivamente, quienes fueron apartados de sus cargos por irregularidades en el manejo de sus instituciones.
A estos se les suman los también directores Mérido Torres, de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (Utec); Leonardo Faña, Instituto Agrario Dominicano (IAD); Julio Antonio de la Cruz, Dirección General de Embellecimiento de Carretera y Avenidas de la Circunvalación (Dgecac); Edward Sánchez, Policía Nacional; Cecilio Rodríguez Montás, Instituto Nacional de bienestar Estudiantil (Inabie); Adán Peguero, Instituto Postal Dominicano (Inposdom); Juan Maldonado Castro, Comunidad Digna y Juan Carlos Torres Robiu, Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).
En el caso de todos los directores mencionados previamente, se les señala alguna irregularidad, problemática personal, o mala administración en sus entidades, siendo todos cancelados por el presidente Abinader en distintas fechas.
A estos se les suman otros casos particulares, como el de José Altagracia Sánchez, exdirector del Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC), quien renunció de su cargo luego de haber sido vinculado a un supuesto abuso sexual.
También fueron cancelados de sus posiciones, pero sin mucha explicación, los directores del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Dirección general de Migraciones, Bienes Nacionales, y Dirección General de Pasaportes: Rafael Arias, Enrique García, César Cedeño y Nestor Julio Pichardo, respectivamente.
Además, en los funcionarios cancelados por Abinader, aparecen Serafín Canario y Luis Maisichell Dicent, administradores de la Central Termoeléctrica Punta Catalina y de la Lotería Nacional, respectivamente, siendo el segundo de ellos imputado a la Operación 13 llevada a cabo por el Ministerio Público.
De igual manera, el pasado Gerente General de las Empresas Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste), Tomás Ozuna Tapia fue cancelado luego de una mala administración y distintas denuncias en su contra.
Aparece también el caso de la gobernadora de la provincia Samaná, Elsa de León, que fue destituida luego de haber realizado declaraciones públicas en las cuales alegaba que iba a festejar cada persona que muriera por no haberse vacunado contra la enfermedad del Covid-19.
Milagros Germán, que fue cancelada de su puesto como vocera de la Presidencia, pero luego designada como ministra de Cultura.
