Amnistía Internacional denunció que el régimen de Maduro promueve el uso de una aplicación para denunciar a opositores

La ONG Amnistía Internacional denunció este miércoles que el régimen de Nicolás Maduro se aprovecha una aplicación que lanzó en 2022 para facilitar la detención de opositores en el marco de las protestas que se producen a diario en toda Venezuela por el fraude de las últimas elecciones.

La aplicación en cuestión es VenApp, una plataforma creada en 2022 para el reporte de problemas en servicios básicos como los cortes de energía o las faltantes de agua, y emergencias médicas. Sin embargo, tras la falta de transparencia en las elecciones del 28 de julio, que desataron una ola de protestas pacíficas en todo el país, el oficialismo decidió modificar la plataforma para que sus seguidores les alertaran sobre focos de manifestaciones.

Así, en la noche del 30 de julio, durante una concentración ante el Palacio de Miraflores, Maduro sostuvo que “vamos a abrir una página del VenApp para toda la población para que ahí, de forma confidencial, me pongan los datos de los que han amenazado al pueblo, que han atacado al pueblo, para ir por ellos y que haya justicia pronta”.

Capturas difundidas en redes sociales expusieron este cambio, con la nueva ventana en la que aparece la opción de realizar una denuncia por una “guarimba fascista” e, inclusive, se puede agregar el tipo de “disturbio” que estas personas estarían llevando a cabo: saqueos, daños al patrimonio público, alteración del orden público y ataques a personas, entre otros.

“El hecho de que los desarrolladores de tecnología revisaran la aplicación para agregar esta nueva función y las plataformas tecnológicas la incluyeran después en fuentes ampliamente disponibles plantea la siguiente pregunta: ¿Están estas empresas cumpliendo con sus responsabilidades en materia de Derechos Humanos?”, reflexionó Matt Mahmoudi, director de la Iniciativa Silicon Valley de la ONG, poniendo el énfasis en el “largo historial de la administración venezolana en materia de represión de cualquier forma de disidencia”.

A continuación, sumó que si se hubiesen contemplado los derechos humanos, las compañías “habrían evaluado el riesgo de que el Gobierno venezolano utilice dicha aplicación, no sólo para limitar el derecho de las personas a la libertad de expresión y reunión pacífica, sino también para contribuir potencialmente a detenciones y reclusiones ilegítimas, y otros abusos graves contra los derechos humanos”.

“Amnistía Internacional ha documentado en repetidas ocasiones cómo, con demasiada frecuencia, las empresas de tecnología siguen prácticas que afectan negativamente a los derechos humanos sin una evaluación adecuada de estos riesgos. Estas empresas tienen la responsabilidad de actuar con la debida diligencia”, concluyó Mahmoudi.

La ONG Foro Penal informó este miércoles que ya son 1.152 los detenidos arbitrariamente, entre los cuales hay 101 adolescentes, 5 indígenas, cientos de civiles y otro tanto de políticos y colaboradores en las últimas elecciones. Además, ya se han reportado 11 fallecidos.

La mayoría de los detenidos están acusados de instigación al odio, terrorismo, traición a la patria, asociación para delinquir y obstrucción de la vía pública, aunque a algunos también se los señala por resistencia a la autoridad.

Estas personas son, además, víctimas del “patrón regular” del régimen, que se basa en “la restricción del derecho a la defensa”. “No se permite la defensa privada; se les impone el Defensor del Estado y las audiencias se realizan con las personas encerradas en centros de reclusión, en su mayoría, sin permitir el acceso del detenido a ninguna comunicación con el exterior”, dijo Alfredo Romero, presidente de la ONG.

“Tampoco existe comunicación con familiares”, lo que “no ha permitido que se sepa de sus estados físicos o condiciones de salud”, agregó.