
Santo Domingo- El Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal respondió este lunes a los integrantes del movimiento marcha verde quienes ayer, en San Francisco de Macorís, acusaron al presidente de la República de manipular las investigaciones que se siguen en torno al caso de soborno de Odebrect.
Espinal, expresa que no es cierto que el presidente esté manipulando los datos en torno al caso y aclara que las investigaciones en torno al caso marchan de la manera correcta.
Al referirse a la solicitud de la marcha verde de que deben ser penalizados los ejecutivos de Odebrecht, el consultor sostiene que es imposible porque ellos son brasileños y están siendo juzgados en su país y hay una norma del derecho que indica que nadie puede ser juzgado por la misma causa más de una vez.
Con respecto a la decisión del Procurador de solicitar una auditoria a la Cámara de Cuentas de las obras construidas en el país por la empresa brasileña, dice respetar esa investigación pero no puede abundar porque lo que sabe es de derecho, pero con ello el Procurador lo que busca es armar un expediente.
Espinal reusó responder a la pregunta si considera que hubo sobrevaluación de obras por parte de la constructora Odebrecht.
Emitió estos juicios a la salida de la sexta sala del juzgado de la Suprema Corte de Justicia, donde participó como defensor del poder ejecutivo en dos solicitudes de inconstitucionalidad, en contra de la designación de la comisión para investigar la licitación de Punta Catalina hecha por el presidente e interpuesta por una entidad de la sociedad civil y un ciudadano.
Con respecto a este tema Flavio Darío Espinal, señala que esto no tiene asidero legal y espera que el Tribunal Constitucional lo declare inadmisible, ya que el presidente tiene todo el derecho de emitir decretos, nombrando cualquier comisión para aclarar, arrojar luz sobre cualquier tema demandado por la sociedad.
En ese sentido el abogado de la Sociedad Civil, Euren Cuevas Medina sostiene que al designar una comisión el presidente está usurpando una función que es del Ministerio Público, por lo tanto debe ser declarada nula esa decisión por el tribunal constitucional.
El decreto que objetan es el 6-17, de fecha 10 de enero de 2017 que crea una designa la comisión e investigación de Punta Catalina. Ese mismo decreto es también atacado por Eliceo Báez de los Santos