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SANTO DOMINGO.- Por espacio de casi cuatro horas fue interrogado en la Procuraduría General de la República (PGR), el exministro de Defensa de República Dominicana, el teniente general retirado Rubén Darío Paulino Sem, a donde acudió sin un representante legal.
Paulino Sem arribó a la sede judicial a las 4:26 de la tarde de este lunes, y pese a rehusarse a hablar de lo conversado con los fiscales, permaneció en el lugar hasta las 8:15 de la noche.
A su salida, el oficial retirado explicó que por respeto a la investigación y a los fiscales actuantes, no ofrecería declaraciones de lo tratado en la procuraduría General de la República, donde se investiga la presunta acusada de estafar el Estado.
“Por respeto al Ministerio Público, nosotros no vamos a dar declaraciones”, dijo el exmilitar ante una batería de periodistas que lo abordó a su salida de la PGR.
El proceso
La operación Camaleón es una investigación encabezada por la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), que involucra a Hugo Beras y Jochy Gómez y otros cinco implicados en el escandalo de corrupcion por las presuntas irregularidades en el contrato para la modernizacion de la red semaforica del Gran Santo Domingo.
El resto de los acusados son Frank Rafael Atilano Díaz Warden, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Juan Francisco Álvarez Carbuccia, Pedro Vinicio Padovani Báez y Carlos José Peguero Vargas, los cuales, al igual que Beras y Gómez están acusados de formar parte de una red de corrupción y crimen organizado relacionada con un contrato adjudicado a la empresa Transcore Latam, para la semaforización del Gran Santo Domingo.
Los acusados enfrentan cargos por delitos de alta tecnología, corrupción, lavado de activos, falsificación de documentos y estafa contra el Estado dominicano, entre otros. Se alega que utilizaron métodos fraudulentos en el proceso de licitación y adjudicación del contrato, y la investigación ha revelado irregularidades en la gestión de fondos y la ejecución del proyecto.
Alegan que fue pospuesta para analizar la solicitud depositada por el Ministerio Público la noche de este viernes.
Entre los hechos objeto de la imputación se encuentran el contrato, que el Ministerio Público tilda de fraudulento, para la modernización del sistema de semaforización del Gran Santo Domingo, así como un contrato «ilegal» con el Ministerio de Defensa y la empresa Aurix firmado el 23 de junio del 2020, utilizado «para usurpar funciones propias de los organismos de inteligencia, seguridad y defensa del Estado y el sabotaje ocurrido en contra de la red semafórica en el mes de agosto», afirmó la información.
