Se hace necesario que la comunidad latina en los Estados Unidos escuche las propuestas de los candidatos presidenciales sobre nuevas leyes impositivas, su alcance, como toca nuestros bolsillos y consecuentemente en impacto en la calidad de vida de nuestras familias.
Los procesos electorales se prestan para que los candidatos con mayores posibilidades de alcanzar la casa blanca digan a sus votantes lo que quieren oír, a sabiendas que los compromisos asumidos con los grandes contribuyentes de campaña, quienes disponen de influyentes cabilderos y los sectores económicos que manejan el gran capital, están por encima de esas promesas y que, llegados al poder, las mismas pasan a ser cháchara política.
La ley de recortes de impuestos y creación de empleo de 2017, impulsada y aprobada por Donald Trump en su gobierno (2019-2021) a favor de las grandes corporaciones, redujo los ingresos del gobierno federal y favoreció a grandes empresas, El Institute on Taxation and Economic Policy presenta un reporte sobre impuestos corporativos antes y después de la ley fiscal de Trump y en el mismo se establece que “Las corporaciones más grandes y consistentemente rentables en Estados Unidos vieron caer sus tasas impositivas efectivas de un promedio del 22.0 por ciento a un promedio del 12.8 por ciento después de que la ley fiscal de Trump entró en vigor en 2018”.
Para establecer con cierta precisión mi punto respecto al vínculo entre la campaña electoral y los intereses económicos, me permito continuar con el citado estudio: “Si bien las ganancias de las corporaciones estadounidenses más grandes y continuamente rentables aumentaron un 44 por ciento después de la aprobación… sus facturas de impuestos federales cayeron un 16 por ciento.
El número de estas corporaciones que pagan tasas impositivas inferiores al 10 por ciento aumentó de 56 a 95 después de la referida ley”. “Las principales razones por las que estas grandes corporaciones han visto recortes impositivos de esta magnitud son claras. Lo más importante es que la ley impositiva del 2017 redujo drásticamente la tasa impositiva corporativa legal del 35 al 21 por ciento.
También amplió las excepciones impositivas para gastos corporativos caracterizados como inversión de capital y amplia otras formas de minimizar la responsabilidad fiscal estadounidense.”
El estudio evidencia los beneficios a las grandes corporaciones mostrando cuatro ejemplos: Walmart habría pagado unos 9,000 millones de dólares más si su tasa efectiva no hubiera bajado del 31 al 17 por ciento; AT&T habría pagado 8,000 mil millones más, pero su tasa bajó del 28 al 18 por ciento; Meta, si esa misma, le habría correspondido pagar 8,000 mil millones más pero también le benefició la reducción anterior y el gobierno federal dejó de percibir unos ii,000 millones por parte de la empresa Verizon, pues la nueva ley le favoreció su tasa impositiva del 21 al 8 por ciento. Otro estudio del Centro de Prioridades y Políticas Presupuestarias (Center on Budget and Policy Priorities) señala que “No se cumplieron los beneficios económicos prometidos (se refiere a las leyes de 2017).
Los funcionarios de la administración Trump afirmaron que su recorte central de la tasa impositiva corporativa conduciría “de manera muy conservadora” a un aumento de $4,000 dólares en los ingresos de los hogares. Una nueva investigación muestra que los trabajadores que ganaron menos de aproximadamente $114,000 en promedio en 2016 no vieron “ningún cambio en sus ingresos” a partir del recorte de la tasa impositiva corporativa, mientras que los salarios de los altos ejecutivos aumentaron drásticamente. De manera similar, una investigación rigurosa concluyó que la deducción del 20 por ciento de la ley tributaria, que estaba sesgada a favor de los dueños de negocios ricos, en gran medida no logró llegar a los trabajadores de esas empresas que no son propietarios. El recorte de impuestos de Trump de 2017 fue un fracaso de goteo”.
Es decir, en el discurso politiquero, los funcionarios del gobierno del 2017 a 2021, mintieron conscientes de que la reducción a favor de las grandes empresas no generaría beneficio alguno, ni a los trabajadores de esas empresas, ni a las comunidades y si, al bolsillo de los grandes accionistas.
Aquí la pregunta es, ¿que debe observar la clase trabajadora y media en la presente coyuntura para asegurarse no ser tomados en su buena fe nuevamente? La candidata presidencial demócrata y actual vicepresidente del país, habla y promete medidas económicas a favor de las clases mencionadas que endulzan el oído y arrastra algunos ingenuos esperanzados en que haya algún cambio en política económica, pero Kamala juega un rol de primer orden en el actual gobierno y si hay voluntad más allá de la politiquería, sería cuestión de que se tomen medidas ahora que tendrían continuidad en un eventual gobierno suyo.
Se trata de ver más allá de ser demócrata o republicano y mirar e interiorizar la realidad de los trabajadores automotrices del cinturón del acero, hoy cinturón del óxido o las preocupaciones que este mismo sector padece a propósito de la sustitución del parque vehicular movido por hidrocarburos, por eléctricos y robots o nuestros familiares que trabajan en centros de comida rápida, quienes se han integrado a la uberización (trabajo no presencial o sin “jefe”) y los riesgos de la reducción o desaparición de los pocos beneficios laborales como lo conocemos hoy.
Estos son temas que tocan de manera directa nuestros bolsillos, paz y tranquilidad familiar.
Samuel Sánchez E. presidente de Latino Association of Tax Preparers, Inc. LATAX / Coordina La Iniciativa Latina para pequeños Negocios.
