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Santo Domingo.-El Gobierno se ha generado un nuevo ruido con la designación de Carlos Pimentel como director general de la Alianzas Público Privadas (DGAPP), en adición a las funciones que tiene como titular de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).
Tan pronto se conoció la medida, contenida en el decreto 614-24, comenzaron los cuestionamientos en las redes sociales, que luego siguieron en los programas de opinión de las emisoras y los canales.
En principio fue por la peculiaridad del presidente Luis Abinader, de colocar en la dirección a dos instituciones a una misma persona, aunque en una su labor es honorífica, pero luego salieron a relucir violaciones a las leyes y hasta la Constitución con la medida específica de Carlos Pimentel.
El abogado constitucionalista Valentín Medrano fue muy duro con la crítica a esa medida, porque entiende que con ella el mandatario ha puesto a Carlos Pimentel como “juez y parte”, al dejarlo e la DGCP y encargarlo de la DGAPPP, debido a que la primera tiene que fiscalizar a la segunda.
“¿Alguien le dirá al presidente LUIS ABINADER que la Dirección de Compras y Contrataciones es un organismo fiscalizador cuyas funciones son incompatibles con cualquier otra función administrativa? Que no se puede ser juez y parte, y que la DGCyP tiene que fiscalizar a la DGAPP”, publicó en su cuenta de la red social X.
Pero otros han señalado como el presidente Abinader se pone de espalda a las leyes con esa medida, aunque Pimentel ahora estará cobrando en la Dirección General de Alianzas Público Privadas y no en Contrataciones Públicas, como lo venía haciendo desde agosto de 2020.
El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Charles Mariotti, asegura que con la disposición el presidente Abinader viola la Constitución, que en su artículo 144 establece que “ningún funcionario o empleado del Estado puede desempeñar, de forma simultánea, más de un cargo remunerado, salvo la docencia.”
Además, afirma que también viola la Ley 41-08 de Función Pública en su artículo 80, que establece que el funcionario público no puede ocupar dos puestos en instituciones públicas y la propia Ley 47-20 de la DGAPP, que instituye que su incumbente no debe desempeñar ningún cargo o empleo de cualquier naturaleza con excepción de la actividad docente.
Caso Kelvin Cruz
Desde agosto la alcaldía de La Vega está en un limbo jurídico porque el presidente Abinader decidió nombrar como ministro de Deportes al alcalde electo Kelvin Cruz, provocando discusiones políticas y jurídicas que han ocupado la opinión pública desde entonces.
Le habían recomendado al mandatario que podría resolver el caso designando por decreto el nuevo alcalde de La Vega, pero el propio mandatario no ha tomado la decisión, aunque su partido, el Revolucionario Moderno (PRM) se lo aconsejó y hasta le propuso una terna.
El caso llevó al saliente presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, a advertirle al presidente que, si lo hacía, estaría cometiendo un error que podría llevarlo a un juicio político.
Casos de funcionarios nombrado en dos instituciones
El último de los casos de funcionarios puesto al frente de dos instituciones fue el director del Sistema Nacional de Emergencia y Seguridad 9-1-1, el coronel Randolfo Rijo Gómez, que fue encargado del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) ante el escándalo que afectó a Hugo Beras.
También el director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), general en retiro Juan Manuel Méndez, que tiene la responsabilidad también de dirigir la Dirección de Emergencias Médicas, dependencia del Servicio Nacional de Salud.
