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El presidente Luis Abinader presentó al país un proyecto de reforma fiscal que algunos sectores de opinión entienden que no fue debidamente explicado para justificar su costo político, económico y social. Luego de varias sesiones de vistas públicas en las que prevaleció un extenso y enconado rechazo, Abinader decidió retirar la iniciativa.
Para entender la reacción del país ante esta propuesta, sería bueno recordar que la principal referencia sobre el impacto de un proyecto similar fue la reforma fiscal aplicada por el presidente Leonel Fernández, justo en el primer mes de su segundo mandato, en septiembre del 2004, que mejoró sustancialmente la base financiera del Gobierno pero que al mismo tiempo provocó la mayor escalada en la carga impositiva del país y en los precios de la comida, bienes de consumo y todos los servicios públicos, tal como lo reseñó magistralmente el economista Andrés Dauhajre hijo en su artículo “El pueblo si vive de números”, publicado el primero de agosto del 2011.
Entre los datos citados por Dauhajre se destaca el impuesto al galón de gasolina Premium, que pasó de RD$23.86 en agosto del 2004, a RD$81.74, en agosto del 2011, casi 4 veces más. En el caso de la gasolina regular, el impuesto pasó de RD$19.89 a RD$73.71., mientras el impuesto al gasoil se elevó de RD$6.63 a RD$43.29, casi 7 veces más.
En el caso de la cerveza, la bebida de mayor consumo de los dominicanos después del agua, “en promedio, cada dominicano pagaba al año RD$191.14 de impuestos por las cervezas que consumió. Hoy paga RD$1,022.90”, cinco veces más”. Mientras que por concepto del impuesto selectivo al consumo de telecomunicaciones, cada dominicano pagaba en promedio RD$40.00 en el 2004 y hoy paga RD$614.10, quince veces más”.
“Por concepto del impuesto a la propiedad, cada dominicano pagó en promedio RD$218.67 en el 2004; este año (2011) terminaremos pagando RD$1,536.50, siete veces más. Por concepto de ITBIS, que subió del 12 al 16, cada dominicano pagó en promedio RD$3,449.00 en el 2004; este año pagaremos RD$8,700.80, más del doble”, apunta la información del reputado profesional.
Por economía de espacio omito los datos de los servicios públicos que fueron no menos impactantes, pero incluyo la cita de Andy sobre la comparación de precios en los productos de la canasta alimenticia, entre el 2004 y el 2011:
“La libra de arroz selecto que costaba RD$14.74 en el 2004, hoy cuesta RD$24; la de arroz superior que costaba RD$12.76, hoy cuesta RD$20; la libra de aceite que costaba RD$18, ahora cuesta RD$45; la libra de habichuelas que costaba RD$17.83, hoy cuesta RD$45.00; la libra de azúcar crema que costaba RD$7.20, hoy cuesta RD$20.00; la libra de azúcar blanca que costaba RD$9.10, hoy cuesta RD$25.00; el pan de agua que costaba RD$1, hoy, más chiquito, cuesta RD$5; la libra de carne de pollo que costaba RD$31.89, hoy cuesta RD$47; la libra de yuca que costaba RD$6, hoy cuesta RD$20; la fundita de 125 gramos de leche en polvo Milex que costaba RD$20, hoy cuesta RD$45; el plátano barahonero que costaba RD$4.25, hoy cuesta RD$12; la libra de espaguetis que costaban RD$12, hoy cuesta RD$30; el huevo que costaba RD$2.50, hoy cuesta RD$5.33; la libra de carne de cerdo de guisar que costaba RD$22, hoy cuesta RD$70, mientras que la de res que costaba RD$40 hoy cuesta RD$65”.
Con estos antecedentes, todavía frescos en la memoria de los dominicanos, resulta más difícil que el pueblo llano, el movimiento social, los sectores productivos y el liderazgo de oposición acepten una nueva versión del proyecto si previamente no se hace un esfuerzo para despejar los traumas del paquetazo del 2004. Esta resistencia podría cambiar si fluye la información correcta y el propio Abinader y sus voceros más calificados interactúan con la sociedad para convenir que en esta ocasión se puede garantizar una gestión eficiente de los recursos públicos y traducir los resultados de la propuesta acordada en una mejora progresiva de la calidad de vida de los dominicanos, tal como como sucedió con el eficiente abordaje de la Pandemia del Covid-19 y la onda expansiva que afectó todo el ecosistema social.
Reforma institucional o revolución de la eficiencia
Ha sido precisamente en el impredecible escenario de la crisis post pandemia que la administración de Abinader ha puesto en marcha un proceso de transformación institucional que sin hacer mucho ruido ha marcado un antes y un después en la gestión de los asuntos públicos del país.
En este contexto y a pesar de todas las dificultades que han impactado la economía y que proyectaban un agudizamiento de los déficits que ya se venían arrastrando, el presidente Abinader no solo puso en marcha el ya reconocido mundialmente exitoso programa de recuperación de la crisis sanitaria y económica de la pandemia, sino que también se ocupó de abordar una serie de problemas crónicos y ancestrales que no merecieron la atención de gobiernos anteriores a pesar de actuar en circunstancias menos apremiantes.
Cuando se evalúan los resultados de las políticas públicas implementadas en los últimos cuatro años, la simple comparación del antes y el después revela que el país ha logrado avanzar notablemente en los principales temas que impactan nuestro ordenamiento institucional y la calidad de vida de la gente. He identificado por lo menos 20 políticas públicas de impacto que están cambiando al país. Veamos los primeros 5 casos.
Programa Burocracia Cero, Se trata de una política pública que impacta toda la vida del país. Actualmente están operando los siguientes servicios: despacho en 24 horas, Ventanilla Única de Construcción (VUC), Homologación de medicamentos de la FDA y EMA, Registros sanitarios, Apertura de empresas, No objeción de uso de suelo para proyectos turísticos, Ventanilla Única de Inversión (VUI), Trámites del registro civil, Número de Seguridad Social (NSS), Convalidación de estudios preuniversitarios nacionales y homologación de estudios preuniversitarios realizados en el extranjero, Solicitud de beca para inglés de inmersión, Registro de acciones laborales, Certificación MiPymes y Registro industrial. Además de otros trámites como Viaje Cero, Expediente Único Educativo, Expediente Único Salud, Traspaso de vehículo de motor y Exequatur.
Independencia de la Justicia. El presidente Abinader ha mantenido y propiciado un respeto riguroso a la independencia del Ministerio Público para actuar contra la corrupción y la impunidad que en el pasado reciente colocaron a RD en la lista de los países más corruptos del mundo. Esa voluntad ha quedado de manifiesto no solo en el respeto a todo el sistema de Justicia, sino también en la adopción de una política de cero tolerancia a la corrupción o la corruptela propia, las auditorías practicadas por la Contraloría General en las dependencias del Gobierno; y la exigencia a los funcionarios públicos para que se acojan de manera estricta a las normas de transparencia y rendición de cuentas instituidas por la Ley. Por primera vez en mucho tiempo se persigue la corrupción administrativa y se recuperan miles de millones de pesos distraídos del presupuesto público y en casos de duda, se aplican medidas precautorias en beneficio del interés público, como ha pasado con más de 30 funcionarios de alto nivel del gobierno en ejercicio.
Continuidad institucional. En la gestión del presidente Abinader se ha superado la irracional práctica de abandonar importantes obras iniciadas y no terminadas en administraciones anteriores para priorizar las del nuevo gobierno. Desde el inicio de su gestión, el presidente incorporó a sus prioridades la continuidad y conclusión de proyectos de alto impacto, como el Acueducto Múltiple de Peravia, iniciado en el 2008 la Presa de Monte Grande, iniciada en el 2009; el Malecón de Nagua, iniciado en el 2009; la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar, iniciada en el 2013; la Carretera Turística Santiago Puerto Plata; la carretera Hato Mayor-Sabana de la Mar; la Circunvalación de Azua; el Nuevo Domingo Sabio; y cientos de proyectos encontrados a medio talle y con los presupuestos previstos ventajosamente agotados.
Corrupción e inversión pública. Hasta el ascenso de Abinader, en algunas áreas del Gobierno parecía regir el criterio de que en materia de inversión pública, era más importante el interés del contratista que la solución social propuesta. Aunque no era una práctica generalizada, son conocidos los casos de proyectos asignados a contratistas que agotaban o multiplicaban el presupuesto inicial de las obras contratadas. Entre los casos más emblemáticos están el Puente sobre el Río Soco, que duplicó el presupuesto declarado un año antes de su terminación; el Malecón de Nagua, que agotó el triple de su presupuesto inicial, dejando solo una pista de caliche en el lugar; así como la licitación de la propuesta económica de Punta Catalina, que validó una sobrevaluación de US$1,140 millones “en beneficio de Odebrecht”, desacatando una sentencia del Tribunal Superior Administrativo”.
Descentralización de la inversión. Históricamente las grandes inversiones públicas estuvieron centradas en los dos principales polos de desarrollo urbano del país. Esto ha cambiado con el lanzamiento del desarrollo turístico de Pedernales, la terminación del acueducto múltiple de Peravia, la Circunvalación de Azua y la Presa de Monte Grande; además de proyectos y obras puntuales de desarrollo en todas las provincias del Sur, en el Este, el Norte y el Nordeste, y la expansión de la red vial en todo el país. En el Noroeste, el Gobierno está llevando a cabo, en alianza con el sector privado, un conjunto de obras que transformarán a corto plazo la realidad económica y social de toda la Región. Entre el 2021 y el 2023 la inversión pública en la zona fronteriza se elevó en un 81.8 % respecto al 2016-2019.
Justicia salarial. Un tema siempre relegado en la agenda del Gobierno. El propio presidente Danilo Medina criticó en el año 2013 “los salarios de miseria que se pagan en el país”, pero esa realidad no cambió en su gestión. De hecho, como explicó el actual ministro de Trabajo Luis Miguel De Camps, en el inicio de la gestión de Abinader, existían 9 resoluciones salariales vencidas, dos de ellas por más de un año, lo que implicaba una deuda social acumulada y un deterioro de los ingresos reales de los trabajadores. Pero a pesar de la crisis, el Gobierno no solo logró mejorar el salario en áreas clave del sector público, sino también concertar acuerdos con el sector privado para aplicar 23 aumentos del salario mínimo, induciendo un alza del 46% en el salario promedio entre el 2020 y el 2024. En el mejor de los casos el aumento superó el 100 %, como fue el acordado para los trabajadores del sector azucarero. (8-10-24)
