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Santo Domingo.-Mientras el Gobierno defiende la medida del Ministerio de Administración Pública (MAP) para que empleados públicos presenten factura del pago de la electricidad y el agua, como una acción para fomentar una cultura de “responsabilidad y civismo” que de “ejemplo” entre los servidores estatales, se ha convertido en una práctica cotidiana que vehículos de dependencias públicas y propiedad de militares circulen sin la placa obligatoria que dispone la Ley 63-17 para circular por calles, avenidas y autopistas.
En el pasado Gobierno se emitió una resolución desde el Ministerio de la Presidencia para obligar a los funcionarios garantizar que a los vehículos del Estado se les colorara la placa de circulación, que puede ser privada, oficial o exonerada.
Sin embargo, la situación se ha "relajado" hasta el punto de que ni la misma institución que tiene que perseguir esa infracción, la Dirección General de Seguridad y Tránsito Terrestre (DIGESETT), la cumple.
En principio eran los vehículos militares que usaban fichas, luego se extendió a la Policía Nacional y todas sus dependencias y les han seguido varios ministerios, como el de Salud Pública, Educación y Obras Públicas, entre otros.
Tampoco circulan con la placa de rigor las ambulancias y otros vehículos del Sistema de Seguridad y Emergencias 9-1-1 y de la Presidencia de la República.
A esa práctica violatoria de la Ley 63-17 se han ido sumando militares y policías, políticos, fiscales y los autobuses del transporte de pasajeros urbanos e inter-urbanos públicos y privados, inclusive los que transportan turistas.
La Ley 63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial de la República establece en su numeral 4 que los vehículos para circular deben estar provisto no de una, sino de dos placas. “Queda prohibido conducir un vehículo de motor o tirar de un remolque por las vías públicas sin exhibir las placas en la forma dispuesta por esta ley y sus reglamentos”.
Pero además de violar la Ley 63-17, el uso de ficha o no placa hace que el Gobierno pierda decenas de millones de pesos que no recauda en la renovación del marbete, porque ese documento, que se adhiere al vehículo, solo se otorga con la placa.
Pero donde la situación se ha convertido en un caos, estimuladas desde el mismo Gobierno, es en la placa de las motocicletas, de las cuales más de 60 por ciento circula sin ese requisito y las autoridades.
Exigir la placa al vehículo que conduce, podría ser una acción del Gobierno que lograría un respaldo generalizado de la población, debido a que los medios de comunicación, los hacedores de opinión pública y ciudadanos víctima de tropelías y accidentes con vehículos que no llevan placas, la han estado denunciando y reclamando.
La Dirección General de Impuestos Internos, que cobra un impuesto por la primera placa, reporta que para el año 2023 la República Dominicana tenía un parque vehicular de 5,810,888 unidades, de las cuales 3,281,018 son motocicletas.
