SANTO DOMINGO.-El Senado de la República aprobó en primera lectura el proyecto de ley que modifica la Ley 1-24, la cual establece el marco legal de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), originalmente promulgada el 15 de enero de 2024.
La iniciativa busca actualizar y fortalecer el sistema de inteligencia estatal, adecuando sus artículos a las necesidades de seguridad nacional.
La misma busca modificar más de cinco artículos de la normativa, incluyendo el número 1 sobre objeto y ámbito de aplicación, el cual señala que la ley que crea la DNI tiene como objetivo establecer el marco legal del sistema de inteligencia del Estado, previsto en el artículo 261 de la Constitución de la República, así como crear la Dirección Nacional de Inteligencia, como órgano rector del sistema.
La revisión de la Ley 1-24, que establece el marco legal para la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), comenzó cuando la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD) expresó públicamente sus preocupaciones sobre posibles ambigüedades en varios artículos de la ley, especialmente en aquellos relacionados con la libertad de prensa y la privacidad.
Los artículos 9, 11 y 26 fueron destacados como los más problemáticos, ya que podían afectar los derechos de los periodistas a proteger sus fuentes y el secreto profesional.
Ante estas inquietudes, el Gobierno consensuó que se creara una comisión especial, integrada por representantes de la SDD, el sector empresarial, juristas y la sociedad civil, para evaluar las críticas y proponer modificaciones.
Esta comisión se reunió durante varios meses con el fin de analizar cada punto señalado y consensuar cambios que resguardaran las libertades fundamentales y la transparencia en las actividades del DNI.
El 11 de septiembre, la comisión anunció que había llegado a un acuerdo sobre las modificaciones necesarias. Persio Maldonado, presidente de la SDD, explicó que los cambios propuestos buscan corregir ambigüedades de la ley, orientándola hacia un marco más claro y alineado con la Constitución.
Entre los principales ajustes, la comisión revisó los artículos problemáticos, asegurando que la ley proteja expresamente las fuentes periodísticas y la labor de los medios de comunicación en el país.
Otro cambio relevante fue la inclusión de una disposición que exige autorización judicial previa para cualquier intervención del DNI, a fin de eliminar cualquier ambigüedad en el procedimiento. Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, señaló que aunque esta medida ya estaba implícita, la nueva redacción la hace explícita en cada artículo relevante.
Finalmente, el informe de la comisión fue presentado al presidente Luis Abinader y luego sometido al Congreso Nacional.
