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SANTO DOMINGO, RD.- Aunque las autoridades dominicanas no han establecido con exactitud si el robo, venta y comercialización de municiones de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional, tendría alguna vinculación con una solicitud a de cuatro senadores demócratas al presidente Joe Biden para que adoptar medidas para «detener el flujo de armas pesadas y municiones hacia Haití desde EE.UU. a través de la República Dominicana”.
Mas de una decena de miembros de la Policia Nacional, incluyendo a varios oficiales, han sido vinculados en la supuesta venta y comercialización de manera ilegal municiones de armas de guerra, incluidos proyectiles que no están permitidos para uso civil.
De acuerdo con el Ministerio Público en la solicitud de medida de coerción contra los implicados en la Operación Pandora, los miembros de la red sustrajeron una cantidad considerable de municiones de alto calibre, específicamente de 5.56 mm, que son utilizadas en fusiles y otras armas de guerra. Estas municiones están restringidas para el uso exclusivo de las fuerzas armadas y no están permitidas para civiles.
“Este es un hecho de extrema gravedad, porque las municiones 5.56 mm son utilizadas para fusiles, que constituyen armas de guerra y no están permitidas a los civiles”, señala el expediente que tiene como principal imputado en la red de corrupción al coronel Narciso Antonio Feliz Romero, intendente de dicha entidad de la Policía Nacional.
Según la investigación, el coronel Feliz Romero junto a los capitanes Nelson Valdez, Víctor Manuel Santos Rodríguez, Juan Miguel Soler Pérez y al raso Morelbin Medina Pérez, todos miembros de la Policía Nacional, establecieron una red de venta ilegal, comercializaban las municiones sustraídas a personas ajenas a las fuerzas militares, que no tienen la autorización para poseer este tipo de armamento.
El Ministerio Público indica que estas municiones sustraídas eran vendidas entre los 3,800 y los 4,500 pesos y el dinero producto de la venta era dividido entre los imputados, los cuales supuestamente los utilizaron para adquirir distintos bienes, entre estos inmuebles y vehículos.
Según el expediente de la investigación, el capitán Víctor Manuel Santos Rodríguez recibía pagos tanto en efectivo como a través de las cuentas bancarias de los imputados Nelson Valdez, Narciso Antonio Feliz Romero y Juan Miguel Soler Pérez.
De acuerdo con el expediente del Ministerio Público, se logró verificar estas transacciones mediante trazabilidad financiera a través de las certificaciones emitidas por la Superintendencia de Bancos, que documentan depósitos que recibía el capitán Santos Rodríguez.
Estas pruebas apuntan a que el imputado recibía sumas de dinero por su participación en la venta de municiones de alto calibre, entre ellas cápsulas de 5.56 mm, que son exclusivas para uso militar y no están permitidas para civiles.
El Ministerio Público también destaca que las investigaciones incluyeron registros de depósitos bancarios realizados por Morelbin Medina, técnico de reparación y mantenimiento de armas en la Intendencia de Armas de la Policía Nacional. Medina, quien efectuó pagos a Santos Rodríguez, lo que confirma, según el órgano persecutor, su rol en la red de tráfico de municiones sustraídas.
Estos depósitos están registrados en las cuentas bancarias de los implicados, y los informes de análisis financiero confirman que supuestamente las sumas eran producto de la venta de las municiones robadas.
Una de las pruebas más relevantes es la entrega voluntaria, por parte del capitán Nelson Valdez, de 300 cápsulas de municiones calibre 5.56 mm, que fueron recuperadas por las autoridades y que forman parte del lote de municiones sustraídas del depósito de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional. Esta entrega fue registrada oficialmente en la Intendencia de Armas y se considera una evidencia crucial en el caso.
Además, las autoridades revelaron que Valdez también recibía grandes sumas de dinero en efectivo de manos de Héctor Acevedo Liriano, que le entregó hasta 200,000 pesos en varias ocasiones como parte de su porcentaje por las ventas de municiones robadas.
Según el Ministerio Público, los agentes ordenaron al personal involucrado ejecutar maniobras fraudulentas para encubrir la falta de municiones. Según las investigaciones, los oficiales emitieron instrucciones precisas para manipular los registros y ocultar la ausencia de municiones en el inventario. Una de las tácticas utilizadas por los implicados fue la creación de activos falsos. Se prepararon cajas de cartuchos camuflados con municiones de 5.56 mm que no correspondían a los registros.
El capitán Nelson Valdez entregó voluntariamente 300 cápsulas de municiones calibre 5.56 mm.
Las municiones sustraídas eran supuestamente vendidas entre los 3,800 y los 4,500 pesos.
Días antes de esta denuncia, se hizo publico una soloicitud de cinco legisladores eastastadounidenses solicitaron al presidente Joe Biden adoptar medidas para «detener el flujo de armas pesadas y municiones hacia Haití desde EE.UU. a través de la República Dominicana”.
En una carta de fecha 19 de diciembre de los corrientes, seis senadores demócratas y un independiente le solicitaron a Biden un abordaje eficiente del, “calamitoso estado de inseguridad junto con una espiral de crisis humanitaria” que afecta al vecino país.
La carta expresa una profunda preocupación por la situación en Haití después del asesinato del presidente Jovenel Moise, el 7 de julio de 2021.
Se destaca la falta de progreso hacia la formación de un Gobierno legítimo y democrático.
Asimismo, cuestionan la posición del actual primer ministro, Ariel Henry, quien ocupa el cargo de presidente de facto sin un respaldo electoral significativo, tras haber sido designado en el cargo por Moise dos días previos a su asesinato.
La misiva dice que, a pesar de la firma de un acuerdo para una transición inclusiva y elecciones transparentes en diciembre de 2022, no se han materializado acciones importantes.
Observan que la presencia de pandillas armadas controla gran parte de Puerto Príncipe, lo que consideran ha exacerbado la crisis humanitaria y motivó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a aprobar una misión multinacional de apoyo a la seguridad. Los legisladores expresan sus reservas sobre la eficacia de esta misión sin un Gobierno democrático funcional en Haití.
Los congresistas estadounidenses concluyen la misiva solicitando respuestas a Biden sobre cuatro preguntas clave:
