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Judicialización de la política o politización de la justicia
El término "lawfare" se refiere al uso de procedimientos legales para la persecución política, buscando desacreditar o inhabilitar a adversarios mediante el sistema judicial. En América Latina, varios líderes progresistas han denunciado ser víctimas de esta estrategia.
Casos relevantes
El proceso de Luiz Inácio Lula da Silva representa uno de los ejemplos más notorios de lawfare en la región. En 2018, fue encarcelado tras ser condenado por supuestos actos de corrupción en el caso "Lava Jato". Sin embargo, la filtración de comunicaciones entre los fiscales y el entonces juez Sergio Moro —reveladas por The Intercept Brasil en 2019— evidenció una clara parcialidad en el proceso judicial. Estas revelaciones condujeron a la anulación de sus condenas por el Supremo Tribunal Federal en 2021, permitiendo su posterior retorno al poder en 2023.
La destitución de Dilma Rousseff en 2016 constituye otro caso paradigmático. El proceso, basado en supuestos desvíos fiscales" —maniobras presupuestarias comunes en la administración pública brasileña—, careció de pruebas contundentes sobre delitos personales, lo que llevó a muchos analistas a calificarlo como un "golpe parlamentario".
En Argentina,
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner ha enfrentado más de doce causas judiciales por presunta corrupción. En diciembre de 2022, fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa "Vialidad". La sentencia, criticada por juristas internacionales por inconsistencias procesales, coincidió con un momento de alta tensión política en el país.
En Ecuador,
Rafael Correa fue condenado en ausencia por supuesta corrupción en el caso "Sobornos 2012-2016″, recibiendo una sentencia de ocho años de prisión en 2020. Esta condena, que le impidió participar en procesos electorales, ha sido cuestionada por observadores internacionales debido a irregularidades procedimentales y la celeridad inusual del proceso.
En Bolivia,
Evo Morales enfrentó acusaciones de terrorismo y sedición tras su controvertida renuncia en 2019. El papel cuestionado de la OEA en las denuncias de fraude electoral, posteriormente refutadas por estudios independientes del MIT y otros centros académicos, añadió una dimensión internacional al caso
.
En Paraguay
La destitución de Fernando Lugo mediante un juicio político sumarísimo de 24 horas en 2012 estableció un precedente preocupante en la región. El caso, que violó garantías básicas del debido proceso, fue condenado por diversos organismos internacionales.
En Colombia, el presidente Gustavo Petro ha denunciado ser víctima de "lawfare" debido a las constantes investigaciones y acusaciones en su contra, que según él buscan desestabilizar su gobierno e impedir reformas importantes sobre distribución de tierras y justicia social.
En Perú, el caso de Pedro Castillo muestra otro ejemplo del uso de herramientas legales para fines políticos. Desde su elección, el Congreso, controlado por la oposición, lo destituyó por "incapacidad moral permanente".
En Honduras, Manuel Zelaya fue derrocado y expulsado del país en 2009 por órdenes de la Corte Suprema, acusado de traición a la patria. Actualmente, Zelaya es el primer caballero de Honduras, ya que su esposa, Xiomara Castro, es la presidenta de la nación.
En República Dominicana se llegó al extremo de implementar el "lawfare preventivo" para limitar la participación de importantes líderes en la vida política del país.
El caso de Estados Unidos
El ejemplo más reciente de "lawfare" es el del expresidente Donald Trump en Estados Unidos, país de origen del término. El magnate fue acusado de 34 delitos con el objetivo de inhabilitarlo como candidato en los comicios de 2024. Sin embargo, lejos de perjudicarlo, el proceso lo impulsó a ganar las elecciones presidenciales con una de las victorias de mayor contundencia en la historia electoral de USA.
Trump logró la mayoría del voto popular, los colegios electorales, el Senado, la Cámara de Representantes y varias gobernaciones estatales. Esto le otorga un control casi absoluto del gobierno, un escenario pocas veces visto en la historia contemporánea de esta Nación.
Conclusión
El "lawfare" parece haber fracasado en su propia cuna, dejando en evidencia sus limitaciones como herramienta de persecución política y subrayando la capacidad de ciertos actores de sobreponerse a estos intentos de marginación. Este patrón plantea interrogantes fundamentales sobre la efectividad del lawfare en su función de instrumento político y subraya la necesidad de fortalecer la independencia judicial en las democracias contemporáneas. La creciente conciencia pública sobre estas prácticas podría estar contribuyendo a su pérdida de eficacia como mecanismo de control político y pudiera convertirse en un bumerán.
