- Lunes, 25 de Noviembre, 2024
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Madrid. -Magistrados jubilados del Tribunal Supremo, fiscales anticorrupción retirados y varios intelectuales han presentado una querella conjunta contra el Rey emérito Juan Carlos I ante la Sala de lo Penal del Supremo por cinco delitos fiscales contra la Hacienda Pública.
En la querella, que ha adelantado 'El País' y a la que ha tenido acceso Europa Press, señalan que esos cinco delitos fiscales que atribuyen al Rey emérito entre 2014 y 2018 no habrían prescrito, a la vez que inciden en que la Fiscalía informó a Juan Carlos I de que se le había abierto una investigación por la existencia de infracciones tributarias.
Los querellantes solicitan la declaración de Juan Carlos I y que comparezcan como testigos personas físicas, como su familiar Álvaro de Orleans Borbón, Arturo Fasana y Dante Canónica, y representantes legales de las entidades societarias que aparecen en el texto.
"El Ministerio Fiscal cuando comunica a un investigado la apertura de unas Diligencias de Investigación en las que existen datos de actividades irregulares con relevancia tributaria, nunca puede tener un conocimiento pormenorizado de los datos que avalan una posible infracción tributaria porque se trata de una información de la que solo puede tener conocimiento la Agencia Tributaria una vez concluido el expediente sancionador que cierra el paso a la posibilidad de una regularización", se lee en el texto.
Así, entienden los querellantes "que los efectos de la regularización de la situación tributaria (…) se han aplicado indebidamente" porque "no concurren los requisitos legales previstos para que pueda aplicarse la excusa absolutoria que lleva aparejada una regularización correcta".
NO HA PRESCRITO
La querella recuerda que al haber utilizado el emérito fundaciones (Zagatka y Lucum) con sedes en Liechtenstein y en Suiza, se entiende que se armó un entramado "para ocultar o dificultar la determinación de la cuantía defraudada", por lo que se está ante la modalidad agravada del delito que establece penas de 2 a 6 años de cárcel por cada delito y ubica la prescripción a los 10 años.
