
Santo Domingo-La creciente preocupación por los altos índices de siniestralidad vial en la República Dominicana ha llevado al Gobierno a tomar medidas drásticas para reducir los accidentes de tránsito que siguen cobrando vidas.
Durante la “temporada de pandemia” entre 2020 y 2022, la siniestralidad vial provocó un 96% más de muertes que la Covid-19, un dato alarmante que ha obligado a las autoridades a actuar con urgencia.
En este contexto, se ha planteado la creación de un “comando secreto” que se reúne cada viernes en la sede del Ministerio de Interior y Policía (MIP), con el objetivo de abordar esta grave situación. La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, explicó que una de las principales estrategias para controlar esta crisis será hacer obligatorio el pago de las multas de tránsito. Según Raful, la reforma a la Ley 63-17 de Tránsito y Movilidad busca implementar un sistema de sanciones más efectivo, con el fin de evitar que los conductores eludan su responsabilidad.
Con la normativa vigente, las multas prescriben en un año, lo que permite que muchos infractores eviten el pago y sigan en las calles, a pesar de tener un historial de infracciones. La ministra también señaló que se está trabajando con el Ministerio Público para mejorar la reactivación de una unidad de cobro y que las multas sean más efectivas.
El Ministerio de Interior y Policía también ha comenzado a fortalecer la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett ) con nuevos recursos, incluyendo la adquisición de 10 camionetas y la incorporación de más de 300 miembros de la policía auxiliar, con planes para incorporar otros 600 oficiales en abril.
Una de las principales preocupaciones del Gobierno radica en la relación entre el consumo de alcohol y los accidentes viales. Según los datos presentados por Raful, un 56.4% de los siniestros ocurren durante los fines de semana, especialmente en la madrugada, cuando las celebraciones y el consumo de alcohol son comunes. Los puntos críticos de accidentes se concentran en el Gran Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal y La Altagracia.
En cuanto al perfil de las víctimas, Raful explicó que el 65.5% de las muertes en las carreteras fueron causadas por accidentes con motocicletas, un dato que ha generado preocupación, pues muchos conductores no usan casco, circulan sin luces y a altas velocidades. Además, se observó que los jóvenes entre 15 y 29 años representan el 38% de los fallecidos en accidentes, y la mayoría de los siniestros ocurren en áreas urbanas, especialmente dentro de las ciudades.

En respuesta a la situación, el Gobierno también está implementando medidas para reducir las infracciones. En 2021, se registraron más de 1.5 millones de infracciones de tránsito anuales, lo que ha impulsado a las autoridades a trabajar en una reforma legal que convierta las multas en pagos obligatorios, sin posibilidad de evasión.
Asimismo, se están realizando intervenciones en autopistas y carreteras de alto riesgo, como las autopistas Duarte, 6 de Noviembre y la carretera Sánchez, donde se han instalado reductores de velocidad, radares digitales de prueba piloto y alcoholímetros para detectar a conductores ebrios.
El Ministerio de Interior y Policía también tiene previsto colaborar con la Policía Preventiva para mejorar la fiscalización de las motocicletas, el cierre de cruces peligrosos y la instalación de más iluminación y reductores de velocidad en áreas clave. También se contempla la creación de un registro nacional de motocicletas para controlar mejor el ensamblaje local y el tráfico de vehículos sin registro.
En palabras de Raful, "estamos trabajando en conjunto para poner fin a esta tragedia vial que afecta a tantas familias dominicanas", y advirtió que el Gobierno tiene un compromiso firme de actuar para salvar vidas y garantizar la seguridad en las carreteras del país.