Empleados de la JCE enfrentan condena por falsificar documentos en república dominicana

Santo Domingo, RD.- Un tribunal condenó a cuatro miembros de una red a penas de 6 y 3 años de prisión, incluyendo a un empleado de la Junta Central Electoral (JCE). Esta red se dedicaba a la falsificación de documentos públicos y privados, por los cuales cobraban montos de entre RD$70 mil y RD$100 mil. Sus lugares de operación eran Barahona, Santo Domingo y el Distrito Nacional.

El Ministerio Público de Barahona y la Unidad de Investigación contra el Registro Civil y la Cédula de la Junta Central Electoral, representados por los magistrados Wellington Matos y Esther González Peguero, junto con la Consultoría Jurídica de la Junta Central Electoral, establecieron que el grupo delictivo se dedicaba a cometer crímenes y delitos de falsificación de documentación pública y privada en asociación con malhechores y, además, a lavar activos.

Divisay Altagracia Amparo Peña y José Alfredo de los Santos fueron condenados a 6 años de prisión cada uno, a cumplirse en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Baní Mujeres y en el Centro de Privación de Libertad (CPL) de Barahona, con suspensión condicional de los últimos cinco años.

Yonel Raphael fue condenado a tres años de prisión, que deberá cumplir en el CPL de Barahona, con la suspensión condicional de los últimos dos años.

Igualmente, el empleado de la Junta Central Electoral, Andys Hernández Rivera, fue condenado a tres años de prisión, que deberá cumplir en el CPL de Barahona, con suspensión condicional de los últimos dos años y dos meses, así como al pago de una multa equivalente a 20 salarios mínimos.

Se establecieron las siguientes condiciones para la suspensión de la pena aplicable a todos los condenados: residir en el domicilio procesal proporcionado en este proceso, abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas en exceso, abstenerse de portar o poseer armas, mantener una conducta social íntegra y cumplir con las normas vigentes del ordenamiento jurídico dominicano, y someterse al control y vigilancia del juez de Ejecución de la Pena de Barahona.

En este proceso, además, se ordenó el decomiso a favor del Estado dominicano de los equipos electrónicos incautados durante la investigación.

Los condenados se dedicaban a la falsificación de documentos de identidad, incluyendo cédulas, actas de nacimiento, pasaportes, licencias de conducir y de porte y tenencia de armas de fuego, así como carnés de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), del Ejército de la República Dominicana (ERD), y títulos de educación de la Universidad del Caribe (Unicaribe).

Además, falsificaban visados de diferentes países, entre ellos Estados Unidos, Bahamas, Chile, Curazao, Ecuador, Nicaragua, Guatemala, Brasil, Haití, Canadá, Países Bajos (Holanda) y Honduras, entre otros de la región, otorgando a los nacionales haitianos y dominicanos identidades falsas.

La jueza del Distrito Judicial de Barahona, Fátima Cruz Estrella, impuso las condenas tras aceptar el procedimiento en el que los acusados admitieron los hechos delictivos ante la contundencia de las pruebas.

Los hechos están sancionados por varios artículos del Código Penal Dominicano, la Ley 172-13 sobre Protección Integral de Datos, la Ley 53-07 sobre Delitos de Alta Tecnología y la Ley 4-23 de Actos del Estado Civil.

El Ministerio Público llevó a cabo las investigaciones en coordinación con la Dirección Nacional de Seguridad Civil y la Dirección Nacional de Investigaciones Criminales (Dicrim) de la Policía Nacional.

El inicio de esta investigación en el mes de enero del año pasado en la ciudad de Barahona se llevó a cabo a raíz del arresto de varios extranjeros que tenían en su poder documentos falsos obtenidos mediante el pago de las sumas de dinero indicadas.

Durante el curso de las investigaciones, se determinó que dichos documentos estaban siendo expedidos por un grupo organizado cuyos líderes principales son Pablo Selmo De La Cruz, quien cumple prisión preventiva y está a la espera de su proceso, y Yonel Raphael y Modesto Alcántara (testigo en juicio abreviado). Estos trabajaban en asociación con José Alfredo de los Santos Gómez y Divisay Altagracia Amparo de Vásquez, quienes operaban en los laboratorios de falsificación de documentos, así como con Andys Hernández, empleado de la Junta Central Electoral.

Esta labor de inteligencia e investigación, llevada a cabo por la Dirección de Seguridad de la JCE y la Dicrim, se había desarrollado durante aproximadamente un año, con un equipo desplegado en distintas zonas del sur, Santo Domingo y el Distrito Nacional.