
Santo Domingo, RD.- En relación con las solicitudes de exención para acogerse a los beneficios de la Ley 12-21, que crea la Zona Especial de Desarrollo Integral Fronterizo, se destaca el incremento de nuevos proyectos, los cuales ahora representan el 36.9% del total de solicitudes recibidas hasta mayo de 2025, de acuerdo con el informe "Monitor de la Frontera" correspondiente a dicho mes.
Esta publicación mensual, elaborada por la Dirección de Políticas de Desarrollo de la Zona Fronteriza del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, explica que, hasta mayo de 2025, el Ministerio de Economía había evaluado 90 propuestas de proyectos que desean operar bajo el régimen de incentivos de la Ley 12-21, de las cuales el Consejo de Coordinación de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo (CCDF) ha aprobado 84.
Agrega que, de las empresas aprobadas, casi 9 de cada 10 están ubicadas en la parte norte de la zona fronteriza. La mayoría de estas se encuentran en la provincia de Monte Cristi (64.3 %), seguida por Santiago Rodríguez (13.1 %) y Dajabón (10.7 %).
En relación con la actividad económica de los proyectos presentados bajo el nuevo régimen de la Ley 12-21, la mayoría de ellos se dedica a actividades agropecuarias (42.9 %), seguidos por aquellos que se enfocan en actividades manufactureras (34.5 %).
Respecto a la generación de empleo, el documento señala que se prevé que, bajo el nuevo régimen de incentivos, se generará un total de empleos superior a 13,500, superando la cifra de empleos de la anterior Ley 28-01.
El texto proporcionado, "Vínculos con prioridades de desarrollo", ya está gramaticalmente correcto y no requiere cambios.
El informe "Monitor de la frontera" señala que, en cuanto a la vinculación de los proyectos con las prioridades de desarrollo local, siete de cada diez presentan actividades alineadas con los lineamientos definidos por los Consejos Provinciales de Desarrollo de cada territorio.
De acuerdo con lo establecido en la Ley 12-21 y su reglamento de aplicación, las empresas beneficiarias están obligadas a formular un Plan de Compromiso Social (PCS), el cual busca generar un impacto positivo en las comunidades cercanas a la zona donde opera la empresa, idealmente alineado con las principales necesidades del territorio. La publicación detalla que el monto total destinado a los PCS por estos proyectos asciende a RD$ 953.2 millones, con un promedio de RD$ 11.3 millones por empresa.
Con el objetivo de reducir los proyectos sin sector definido, estandarizar el proceso de formulación, facilitar el cumplimiento de las obligaciones sociales y maximizar el impacto territorial, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) ha diseñado la Guía de Orientación para Formular el Plan de Compromiso Social. Además, se desarrollan iniciativas complementarias para brindar mayor acompañamiento a las empresas y fortalecer la alineación de los PCS con los diagnósticos y prioridades territoriales.