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Santiago, RD.- Una jueza impuso una garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país a dos hombres imputados de traficar migrantes irregulares, incluyendo a una mujer que falleció a causa de las quemaduras que sufrió al estrellarse el vehículo en el que el grupo era transportado.
Los imputados Pedro Luciano Cruz Martínez e Ygnacio Leocadio Espinal Martínez, oriundos de Dajabón, conducían una yipeta marca Ford, modelo Explorer, color gris, en la que traficaban con 15 personas de nacionalidad haitiana y que estrellaron contra una pared en su intento por escapar de miembros del Ejército. Los extranjeros sufrieron quemaduras de primer, segundo y tercer grado en distintas partes del cuerpo.
Los hechos ocurrieron en marzo de este año en la calle Principal del sector Capilla, en el municipio de Villa Bisonó (Navarrete). Desde allí, los traficantes huyeron tras ignorar el llamado de los miembros del Ejército que vigilan la zona.
Al estrellarse el vehículo, los traficantes huyeron, dejando abandonados a los 15 indocumentados, 7 de los cuales sufrieron graves lesiones por quemaduras, producidas cuando una de las mangueras de conducción del gas licuado de petróleo (GLP), que sirve de combustible al vehículo, se desprendió con el impacto.
Los miembros del Ejército llamaron de inmediato al Sistema de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, el cual envió sus ambulancias para brindar atención médica a las personas heridas.
A principios del mes de abril, Judithe Nicolas, una víctima de tráfico de 31 años, falleció como consecuencia de las quemaduras de tercer grado que sufrió en distintas partes del cuerpo y que afectaron sus órganos vitales.
Los indocumentados que no sufrieron lesiones fueron remitidos a la Dirección General de Migración (DGM) para su deportación a su país de origen.
El fiscal investigador y director del Departamento de Trata y Tráfico de Personas de la Fiscalía de Santiago, Juan Osvaldo García, examinó minuciosamente la ruta del vehículo utilizado, investigó las referencias de registro y los traspasos del vehículo, y logró establecer la identidad de quienes lo rentaron y utilizaron para cometer el delito.
La Fiscalía, representada en la audiencia por el fiscal litigante Elvin Ventura, pudo constatar y presentó evidencias de que los imputados tienen antecedentes, ya que se dedican a estas actividades delictivas en su provincia natal, Dajabón.
La medida impuesta por el tribunal, presidido por la jueza Yiberty Polanco, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, consiste en el pago de una garantía económica de 500 mil pesos a través de una compañía aseguradora, la prohibición de salir del país y la presentación periódica ante la autoridad competente.
La Fiscalía de Santiago reafirmó su firme decisión de perseguir el tráfico ilícito de personas, considerándolo un delito que afecta gravemente los derechos humanos y, además, atenta contra la soberanía nacional.
El Ministerio Público presentó cargos provisionales contra los imputados por violación a los artículos 1, letras F, G y H; artículos 2 y 7, párrafos A, C, D y G, de la Ley 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.
