Justicia confirma cárcel para cabecillas de red de estafa en sector inmobiliario

Santo Domingo, RD.- A solicitud de la Procuraduría Especializada contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, junto con la Fiscalía de La Romana, un tribunal confirmó la prisión preventiva de 18 meses impuesta a Rocío del Alba Rodríguez de Moya y Marisol Nova Nolasco, principales cabecillas de una red de estafa electrónica de carácter inmobiliario.

La Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, presidida por el magistrado Glass Gutiérrez, tras rechazar un recurso de apelación interpuesto por las imputadas, confirmó en todas sus partes la decisión dictada por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Romana, que el pasado 25 de febrero les impuso la medida privativa de libertad.

Rodríguez de Moya y Nova Nolasco cumplen prisión preventiva en el CCR Najayo Mujeres, en la provincia de San Cristóbal.

Igualmente, Yves Alexandre Giroux, principal cabecilla de la red, cumple la misma medida de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de San Pedro de Macorís. En la audiencia para la revisión obligatoria de la medida de coerción a dicho imputado, que se llevará a cabo el próximo 5 de agosto, el Ministerio Público también solicitará que se le confirme la medida privativa de libertad.

Giroux lideraba la estructura junto a Loany Ortiz, quien aún está detenida en Bogotá, enfrentando el proceso de extradición solicitado por el Ministerio Público dominicano. Se espera que sea enviada al país lo antes posible para responder por sus actos.

El grupo criminal se dedicaba a promocionar proyectos inmobiliarios, atrayendo compradores de República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos y Europa mediante la promoción de RE/MAX, una empresa internacional conocida.

Durante el transcurso de la investigación, se ha determinado que los miembros de la organización delictiva recibieron la suma de US$ 18,851,583.12. Además, se han incautado bienes inmuebles en Santo Domingo Este, Distrito Nacional, La Romana y La Altagracia, donde se confiscaron vehículos de alta gama, aparatos electrónicos y documentación relevante.

El Ministerio Público ha señalado que las acciones de estos malhechores constituyen una violación de los artículos 405, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, del artículo 15 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

El equipo de litigación estuvo conformado por los procuradores de Corte Benito Nieves, Abraham Ortiz y Manuel Castro, además del procurador fiscal Claudio Cordero.

Las magistradas Ramona Nova y Reina Rodríguez manifestaron que esta decisión confirma la solidez de la imputación y de la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público.