Ministerio Público cuenta con 336 pruebas contra imputados en pagos de sobornos por contratos de seguridad en instituciones públicas

Santo Domingo, RD.- El Ministerio Público cuenta con 336 pruebas contra los implicados en el entramado de corrupción, caracterizado por el pago de sobornos para la contratación de seguridad privada en varias instituciones del Estado. Por ello, se solicita prisión preventiva de 18 meses para diez detenidos, incluidos varios funcionarios.

El Ministerio Público lo hace constar en la solicitud de medida de coerción contra los detenidos durante 15 allanamientos en el Distrito Nacional y la provincia de Santiago, en los cuales participaron 26 fiscales y 189 agentes de la Policía Nacional.

Además del empresario Quilvio Rodríguez, el Ministerio Público ha solicitado una prisión preventiva de 18 meses para el mayor general retirado del Ejército, Carlos Ambrosio Robles Díaz, y para los coroneles Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Bocio, Francisco Guarín Fernández y Elías Caamaño Pérez.

También contra el coronel de la Fuerza Aérea, Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar; el primer teniente del Ejército, Wellington Peralta Santos; el coronel de la Policía, Ramón Quezada Ortiz; y el civil, Bolívar Nicolás Fernández Espinal.

El Ministerio Público presentó ante un juez la solicitud de medida de coerción contra los implicados en la estructura criminal desmantelada mediante la Operación Lobo, integrada por militares activos y retirados, así como civiles, quienes habrían creado una red de corrupción para manipular licitaciones públicas de servicios de seguridad privada, mediante el pago de sobornos, fraudes y otras maniobras ilícitas.

Indica que cuenta con elementos de prueba, entre los cuales se incluyen testimonios, documentos, informes periciales, evidencias materiales y procesales, que demuestran el modus operandi del grupo para obtener contratos en el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y las empresas de Distribución de Electricidad del Sur, del Norte y del Este.

Según la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), los imputados se acercaban al personal clave en los departamentos de seguridad de estas instituciones para asegurarse los contratos mediante sobornos, valiéndose de contactos internos estratégicos.

Entre las empresas utilizadas para el entramado, las autoridades mencionan a Servicios Nacional de Seguridad Integral SRL (SENASE), Safeco Corredores y Consultores de Seguros SRL, Magesty Waste & Recycling Company SA y Magesty Recycling SRL.

“Con la Operación Lobo, el Ministerio Público ha desarticulado una estructura criminal que operaba en el ámbito de las contrataciones públicas, en empresas públicas y en el área de seguridad privada”, dijo Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

"Hemos identificado hasta el momento una suma pagada en sobornos que excede los 100 millones de pesos y contamos con más de 500 pruebas para demostrar, en esta primera fase del proceso, la implicación y vinculación de todos los imputados que han sido arrestados con base en esta operación", sostuvo.