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Economía 
  • Por: La Redacción
  • miércoles 16 julio, 2025

Pro-Competencia investiga a tres nuevas empresas por posible concertación de ofertas en licitaciones de los Comedores Económicos

La investigación, basada en la Ley 42-08, busca determinar la existencia de conductas ilícitas que distorsionen la competencia. Las sanciones podrían incluir multas de hasta 3,000 veces el salario mínimo.

Santo Domingo, RD.- La Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia) ha iniciado una investigación formal contra las empresas Alsara VJ, SRL, Gemar, SRL y Virginia, SRL, debido a la posible existencia de prácticas concertadas en varios procesos de compras públicas llevados a cabo por Comedores Económicos del Estado Dominicano.

La resolución RII-DE-AAC-002-2025, que inicia el procedimiento de investigación, presenta los hallazgos que sugieren una coordinación ilícita entre los agentes económicos investigados; estos incluyen una similitud relevante en la presentación de los productos a ofertar, pólizas de garantía emitidas por la misma aseguradora en la misma fecha y con números consecutivos, a pesar de ser empresas ubicadas en provincias distintas. Estas situaciones, en principio, indican un patrón de prácticas colusorias con el fin de obtener ventajas en la adjudicación de contratos de compras públicas.

La Dirección Ejecutiva enfatiza que la apertura de la investigación no implica prejuzgar ni constituye una presunción de culpabilidad. Se trata de una etapa inicial dentro de la debida diligencia, cuyo propósito es esclarecer los hechos y reunir elementos probatorios para confirmar o descartar la existencia de una infracción a la Ley núm. 42-08, General de Defensa de la Competencia.

Posible infracción de la ley y sanción

Las acciones investigadas podrían constituir una violación del artículo 5 de la Ley núm. 42-08 General de Defensa de la Competencia, que prohíbe los acuerdos entre empresas que limiten o distorsionen la competencia en los procesos de contratación pública, incluyendo la fijación de precios o condiciones de manera concertada. Esto conlleva una sanción que oscila entre multas mínimas equivalentes a 30 veces el salario mínimo y máximas equivalentes a 3,000 veces el salario mínimo.

Próximos pasos

La Dirección Ejecutiva de Pro-Competencia seguirá llevando a cabo las diligencias procesales establecidas en la Ley núm. 42-08, así como aquellas que sean necesarias conforme al debido proceso, con el objetivo de determinar la existencia o no de una conducta que restrinja la libre y leal competencia.

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