
Santo Domingo. — Los implicados en una presunta red de sobornos vinculada a contratos de seguridad en instituciones públicas comparecen este jueves ante el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, donde se les conocerá medida de coerción.
El Ministerio Público solicita prisión preventiva como medida cautelar, alegando que se trata de una estructura organizada y de alto riesgo procesal.
Entre los acusados figura el mayor general retirado del Ejército, Carlos Robles Díaz, junto a varios oficiales activos y retirados: los coroneles Andrés Pacheco Varela, Ramón Quezada Ortiz, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández, Elías Caamaño Pérez y Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar; el primer teniente Wellington Peralta Santos; así como Bolívar Nicolás Fernández Espinal y el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González.
Según el expediente presentado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), esta red habría pagado y recibido sobornos para asegurarse contratos de servicios de seguridad en varias entidades estatales, incluyendo al Inaipi, Senasa, EdeNorte, EdeEste y EdeSur.
La investigación se originó a raíz de una denuncia de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental y ha implicado hasta ahora la detención de 14 personas, la ejecución de 15 allanamientos en el Distrito Nacional y Santiago, y la movilización de 26 fiscales y 189 agentes de la Policía Nacional.
Las autoridades señalan que la red operaba bajo un esquema de corrupción sistémica, utilizando influencias dentro del Estado para garantizar contratos millonarios, afectando el buen uso de los fondos públicos.
El tribunal decidirá esta tarde si acoge la solicitud de coerción presentada por el Ministerio Público, que insiste en la gravedad del caso y el riesgo de obstrucción a la justicia por parte de los implicados.