Prisión domiciliaria para red de militares y civiles que estafó al Estado con más de RD$100 millones

El juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, impuso este jueves prisión domiciliaria como medida de coerción a los implicados en una presunta red de militares y civiles acusada de desfalcar al Estado con más de 100 millones de pesos a través de sobornos y actos de corrupción.

La decisión se sustentó en que los imputados no representan un riesgo de fuga, según explicó el magistrado.

Entre los beneficiados con arresto domiciliario figuran el coronel Andrés Pacheco Varela, Ramón Quezada Ortiz, Quilvio Rodríguez, propietario de la empresa de seguridad privada Senase, el teniente Wellington Peralta Santos y Bolívar Nicolás Fernández Espinal, gerente de seguridad de Edenorte.

Todos ellos admitieron su responsabilidad en los hechos, lo cual fue tomado en cuenta por el tribunal.

En cambio, los oficiales que no colaboraron con la investigación, entre ellos el mayor general retirado Carlos Ambrosio Robles Díaz y los coroneles Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández y Elías Camaño Pérez, no irán a prisión, pero sí deberán cumplir con impedimento de salida del país.

El juez también acogió la solicitud del Ministerio Público y declaró el caso como complejo, lo que permitirá ampliar los plazos procesales para profundizar las investigaciones.