Comunidades marchan contra fideicomiso del Teleférico de Puerto Plata

Puerto Plata, R.D. – Diversos sectores sociales y comunitarios de Puerto Plata realizaron una marcha este miércoles en rechazo al decreto presidencial 162-25, que establece un fideicomiso público para la administración del Teleférico de Puerto Plata, cerrado desde hace más de 14 meses.

La movilización partió desde la Plaza Independencia y concluyó frente a la sede de la Gobernación Provincial, donde los organizadores entregaron un documento al Gobierno solicitando la derogación inmediata del decreto. Los manifestantes argumentan que el fideicomiso no garantiza transparencia ni participación ciudadana en la gestión del emblemático atractivo turístico.

En respuesta, el Ministerio de Turismo reiteró que la figura del fideicomiso no representa una privatización del teleférico, sino un mecanismo legal orientado a su rehabilitación, mantenimiento y operación sostenible. La entidad explicó que el nuevo modelo permitirá agilizar los procesos administrativos que han retrasado la reapertura del teleférico, sin transferir su propiedad al sector privado.

El ministro de Turismo, David Collado, ha sostenido encuentros con actores del sector, incluyendo la Asociación de Vendedores del Teleférico y la Federación de Desarrollo del Norte (FEDANORTE), que han expresado su respaldo al fideicomiso como parte del plan de recuperación del espacio.

No obstante, dirigentes comunitarios como Luis Bencosme y Patricia Reyes Marmolejos denunciaron que la población no ha sido debidamente consultada. Reyes Marmolejos criticó la falta de claridad en los mensajes oficiales y advirtió sobre la exclusión de voces comunitarias en el proceso.

A pesar del apoyo parcial del sector turístico, los organizadores de la protesta advirtieron que evalúan acciones legales para anular el decreto, mientras el Gobierno continúa su agenda de socialización para explicar los beneficios del nuevo esquema de gestión.

El Teleférico de Puerto Plata, uno de los principales símbolos turísticos del norte del país, permanece fuera de servicio desde hace más de un año, generando tensión entre el Estado, empresarios turísticos y comunidades locales que exigen mayor participación en las decisiones sobre el patrimonio regional.