Expectativa por fallo del tribunal en juicio contra Alexis Medina por corrupción estatal

Santo Domingo. – A cinco años del inicio de uno de los casos de corrupción más sonados en la historia reciente del país, el juicio de fondo contra Alexis y Magalís Medina, hermanos del expresidente Danilo Medina, continúa sin sentencia, manteniendo en vilo a la opinión pública y al sistema judicial.

El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional tenía previsto emitir su fallo este miércoles a las 11:00 de la mañana, pero la audiencia fue pospuesta para las 5:00 de la tarde. Sin embargo, incluso pasadas las 7:00 p.m., las juezas Clara Ibernibar, Clara Castillo y Giselle Soto aún no habían ingresado a la sala, dejando la decisión en suspenso y a todas las partes a la espera.

El Ministerio Público acusa a Juan Alexis Medina Sánchez de encabezar una red de empresas que habría obtenido millonarios contratos estatales mediante tráfico de influencias, aprovechando su cercanía con el poder. Los cargos en su contra incluyen lavado de activos, desfalco, enriquecimiento ilícito y asociación de malhechores.

En total, 17 personas están siendo juzgadas junto a los hermanos Medina. La fiscalía ha solicitado una condena de 20 años de prisión y una multa de 400 salarios mínimos contra Alexis Medina. Para los demás implicados, se han pedido penas de entre 3 y 15 años de cárcel, según su nivel de participación.

Durante el proceso, el órgano acusador presentó más de 90 testigos, 86 pruebas materiales y más de 2,000 documentos probatorios. A pesar de la gravedad de las imputaciones, el ambiente en la sala fue distendido, con los acusados conversando con sus abogados mientras esperaban la entrada del tribunal.

Algunos imputados no llegaron a esta fase del juicio, tras alcanzar acuerdos con el Ministerio Público en 2023. Entre ellos están el exdirector de la OISOE, Francisco Pagán, y Julián Esteban Suriel Suazo, quienes recibieron sentencias reducidas y ofrecieron la devolución de bienes al Estado. Otros obtuvieron beneficios procesales como suspensión condicional del proceso o extinción de la acción penal.

La sociedad dominicana permanece a la expectativa de un fallo que podría marcar un precedente importante en la lucha contra la corrupción en la administración pública.