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Santo Domingo, RD.-. Como parte de un relanzamiento de su gestión, al arribar a cinco años de manera consecutiva, el presidente Luis Abinader intenta sofocar ruidos que han generado críticas desde la oposición y quejas en la población, con incidencias negativas en su discurso sobre la transparencia y la eficiencia.
Mediante el decreto 461-25, el Poder Ejecutivo buscar fortalecer áreas estratégicas como la comunicación gubernamental y los servicios a los ciudadanos, principalmente en el nivel de la educación y la atención en la salud.
De ahí, que no fue ninguna sorpresa que el presidente Abinader introdujo en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y en el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), instituciones que se vieron envueltas en cuestionamientos y en escándalos.
En el plano de la comunicación, es bien notorio que el propio Abinader ha tenido que asumir la defensa de su administración. El escenario LA Semanal de cada lunes es la exposición que el Gobierno aprovecha para exponer lo que consideran son sus logros y ha servido de plataforma para la defensa ante las críticas y cuestionamientos lanzados desde los partidos de oposición, que se han recrudecido al paso de las últimas semanas.
Con los cambios conocidos en varias instituciones, Abinader afirma que persigue la transparencia, la eficiencia y el servicio ciudadano”.
En su decreto fue anunciada la rotación entre los presidentes del Banco de Reservas y de la Refinería Dominicana de Petróleo, Samuel Pereyra y Leonardo Aguilera. Uno sustituye al otro, así de sencillo.
LO ESPERADO
Solo faltaban el día y el decreto para las destituciones en el Seguro Nacional de Salud y en el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil.
Santiago Hazim y Víctor Castro fueron removidos de sus cargos y dejados en vacancia en el tren gubernamental.
En sus puestos fueron designados Edward Cruz, en SeNaSa, y Adolfo Pérez, en Inabie.
Desde hace algunos meses que el Inabie venía con problemas en el cuestionamiento de sus procesos de licitaciones.
La semana pasada, la Dirección de Compras y Contrataciones dispuso la anulación de 25 procesos para el suministro de calzados a estudiantes de las escuelas públicas, sólo días del inicio de la docencia –prevista para el 26 de agosto.
Se acusó al Comité de Compras y Contrataciones del INABIE de incurrir en “actuaciones contrarias a los principios de transparencia, igualdad y libre competencia”.
“(De) 101 proveedores (adjudicados), 31 contratos presentaron deficiencias y vicios de procedimiento que afectan su validez”, indica la resolución RIC-0106-2025 de la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas.
El seguimiento a los procesos de Inabie viene desde la gestión de Cecilio Rodríguez Montás, quien fue destituido en noviembre de 2021 por denuncias de suplidores del almuerzo escolar.
Hasta la publicación de este escrito, Víctor Castro queda sin funciones, ya que el presidente Abinader no le instruyó una nueva responsabilidad gubernamental.
Edward Rafael Guzmán Padilla asume la dirección ejecutiva del Seguro Nacional de Salud (Senasa), en sustitución de Santiago Hazim, después de los serios cuestionamientos y denuncias que se produjeron desde sectores de la oposición.
El Colegio Médico Dominicano ha denunciado que hay retraso en los pagos que debe realizar el SeNaSa a doctores y clínicas privadas, evidenciando una grave crisis financiera.
De su lado, la Fuerza del Pueblo denunció en junio que el Seguro Nacional de Salud (Senasa) está inmerso en una profunda crisis financiera y de gobernanza por haber sido usado como un instrumento político.
De acuerdo a los datos revelados por Fuerza del Pueblo, el déficit operacional acumulado del régimen subsidiado asciende a 3,372.8 millones de pesos en la actualidad.
Hace algunos días, la Dirección de Compras y Contratación dispuso la anulación de un proceso de licitación entre SeNaSa y la empresa Farmacal, con el argumento de que hubo violación de la Ley 340-06, al contratarse un servicio de naturaleza administrativa y tecnológica al margen de contemplado en la Ley 87-01 de Seguridad Social.
En la resolución RIC-0109-2025 del 15 de agosto se indica que hubo un alegado incumplimiento de principios esenciales como la “legalidad, debido proceso, igualdad, libre competencia, transparencia y publicidad”.
