
Santiago. – El Ministerio Público arrestó este lunes a Kelvin Bladimir Vásquez, acusado de servir como testaferro dentro de una estructura criminal dedicada a fraudes electrónicos, robo de identidad y lavado de activos, cuyos principales afectados eran ciudadanos estadounidenses de edad avanzada.
Vásquez fue detenido luego de presentarse de forma voluntaria al Palacio de Justicia de Santiago, donde conocería formalmente las acusaciones en su contra.
Según la investigación, actuaba como prestanombres de Óscar Manuel Castaños García, señalado como cabecilla de la red y actualmente en proceso de extradición a Estados Unidos.
A nombre de Vásquez figuran propiedades y negocios adquiridos con dinero ilícito, entre ellos un edificio de 12 apartamentos en Pontezuela, valorado en unos 25 millones de pesos, y la financiera Inverdosa, también vinculada a Castaños García.
El Ministerio Público le imputa violaciones a varios numerales de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
En los días previos también fue arrestada Gipsy Pamela Castaños García, hermana del supuesto líder de la red, por desempeñar un rol similar al de Vásquez. Castaños García aparece como administradora de otra financiera, Invermeg, igualmente usada para encubrir activos ilícitos.
La Fiscalía ha solicitado 18 meses de prisión preventiva y la declaración de caso complejo para los implicados, incluyendo a Jesús Manuel Castaños Colón, Adderly Antonio Polanco Báez, Bernardo Taveras Vélez, José Ramón López Tavárez, Juan Luis Naranjo Gómez, Luis Eduardo Méndez Ureña y Gipsy Pamela Castaños García.
Varios de los integrantes de la red han aceptado su extradición a Estados Unidos, donde enfrentarán cargos por su participación en la conocida “estafa de los abuelos”, un tipo de fraude diseñado para engañar a adultos mayores a través de llamadas o mensajes digitales con falsas emergencias familiares o solicitudes de dinero.
Debido a la hora en que se presentó el caso, la jueza Yiberty Polanco Herrand decidió posponer la audiencia para el miércoles 27 de agosto, cuando el Ministerio Público continuará exponiendo sus argumentos para las medidas de coerción.