
La exdiputada Rosa Amalia Pilarte solicitó a través de un recurso de revisión constitucional la suspensión de la sentencia que la condena a cinco años de prisión, una multa equivalente a 200 salarios mínimos y su envío a la cárcel Rafey Mujeres, en Santiago, por lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
El recurso, depositado por un amplio equipo de abogados encabezado por Eduardo Jorge Prats y Julio Cury, busca frenar la ejecución de la condena confirmada el pasado 29 de agosto por el pleno de la Suprema Corte de Justicia, hasta tanto el Tribunal Constitucional (TC) conozca el caso.
Los juristas sostienen que la medida precautoria es necesaria para garantizar el debido proceso y evitar daños irreparables a la libertad de la exlegisladora, argumentando que los delitos atribuidos son de carácter económico y no representan un riesgo para terceros ni para la seguridad pública.
En paralelo, el pleno de la Suprema remitió la sentencia al juez de la ejecución de la pena en La Vega, mientras un ministerial intentó notificar a Pilarte en su residencia, sin éxito.
De su lado, el exprocurador adjunto Pedro Inocencio Amador Espinosa, quien encabezó la acusación, calificó la condena como un mensaje claro de que la política no puede ser refugio de impunidad. Recordó que, además de la prisión, el fallo ordenó el decomiso de más de una docena de propiedades en La Vega y Jarabacoa, valoradas en cientos de millones de pesos.