Aplazan medida de coerción contra acusados de violación grupal en Villa González

Santiago. – La Oficina de Atención Permanente de Santiago aplazó este miércoles el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra los seis hombres acusados de violar sexualmente a una joven de 21 años en Villa González, grabar el hecho y difundir las imágenes en plataformas digitales.

La audiencia fue pospuesta para el próximo viernes 12 de septiembre, según informó José Martínez Brito, abogado de la víctima, quien explicó que la decisión del tribunal responde a la necesidad de completar la notificación de documentos y atender diversas peticiones planteadas por la parte querellante.

“No se descarta que más personas puedan ser incluidas en el expediente”, señaló el jurista, al tiempo que afirmó que las investigaciones tomarán tiempo debido a la complejidad del caso y al rastreo digital necesario para identificar el origen de la difusión de los audiovisuales.

Los imputados, identificados como José Alfonso Rubiera Rodríguez (Fonso), Delfri de Jesús Rodríguez (Yiyo), Edwin Manuel Castro Guzmán (El Guaro), Javier Eduardo Núñez Toribio (Bebé), Oniel Rafael Pichardo Martínez (Contreras) y Yamir Fernando Pérez Toribio (Ferrere), fueron trasladados al tribunal esposados y bajo custodia de la Policía Nacional y la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).

El Ministerio Público solicita prisión preventiva para los acusados por los delitos de violación sexual, asociación de malhechores y atentado sexual mediante medios electrónicos, además de que el proceso sea declarado de tramitación compleja por la cantidad de involucrados y la gravedad de los hechos.

Según el expediente, el hecho ocurrió en marzo de este año en una residencia de la comunidad La Javilla, en Villa González. La víctima fue llevada al lugar bajo engaño, con el pretexto de que sería trasladada a un centro médico por dos de los implicados, incluyendo uno que permanece prófugo. Una vez en el lugar, fue agredida sexualmente por el grupo.

El Ministerio Público también solicitó al tribunal autorizar el rastreo del origen digital de los videos, a través del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) y el Departamento de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional, con el fin de identificar direcciones IP y usuarios responsables de su difusión.

Los cargos presentados se sustentan en los artículos 265, 266, 309-1 y 331 del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 24-97 sobre violencia de género, así como en los artículos 8 y 23 de la Ley 53-07 sobre delitos electrónicos, en perjuicio de la joven víctima.