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Santo Domingo, RD.- El Ministerio Público puso en marcha la Operación Domo, con la cual desmanteló una red que se dedicaba a la piratería mediante la reventa ilegal de señales de reconocidos canales de televisión y servicios de plataformas de streaming.
Un equipo de 30 fiscales lleva a cabo 19 allanamientos bajo la coordinación de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, en colaboración con la Unidad de Propiedad Intelectual (UPI), la Procuraduría Especializada Contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec), la Procuraduría Especializada en Anti Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y la Fiscalía del Distrito Nacional. Hay cuatro personas arrestadas por ser parte de una red que se dedicaba a la reventa ilegal de señales de televisión y servicio de plataformas de streaming.
La operación se llevó a cabo en colaboración con miembros del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Dicat) y el Departamento Especial de Investigaciones de Delitos Transnacionales (Deidet) de la Policía Nacional. Asimismo, contó con la cooperación internacional de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés).
Durante los allanamientos realizados en el Distrito Nacional, San Pedro de Macorís y Jarabacoa, se incautaron equipos electrónicos, documentos y vehículos.
El Ministerio Público informó que los integrantes de la red obtenían ganancias mediante la reventa de contenidos como programas de televisión, series y películas, violando así los derechos de autor.
Las investigaciones determinaron que los detenidos son parte de una red de seis imputados, de los cuales cuatro ya habían sido condenados en los Estados Unidos en el año 2017 por hechos similares de piratería digital.
La red empleaba sofisticados mecanismos tecnológicos para vulnerar los sistemas de seguridad de plataformas de televisión de paga y streaming, ofreciendo suscripciones ilícitas a nivel nacional e internacional.
El esquema incluía pagos con criptomonedas y la reventa de accesos, lo que generaba millonarias ganancias ilícitas que posteriormente se introducían en el sistema financiero.
El caso se suma a las acciones emprendidas por la actual gestión de la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, para enfrentar la criminalidad y la delincuencia en todas sus manifestaciones.
Los integrantes de la red enfrentarán cargos por violación a la propiedad intelectual y lavado de activos, delitos sancionados por la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor, la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como por la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
