
La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) informó que durante el mes de agosto el Tribunal Superior Administrativo (TSA) emitió 33 sentencias en materia de compras públicas, todas favorables al órgano rector, lo que ratifica la legalidad de sus actuaciones y su estricto apego al debido proceso.
Según destacó la DGCP, el 100 % de los fallos judiciales respaldan sus decisiones administrativas, lo que representa un importante espaldarazo institucional a la labor de fiscalización y regulación que realiza en los procesos de contratación del Estado.
Entre los fallos más relevantes se encuentra la sentencia núm. 0030-02-2025-SSEN-00340, en la que el TSA declaró inadmisible el recurso presentado contra la resolución RIC-197-2023. Dicha resolución dispuso la inhabilitación del Registro de Proveedor del Estado (RPE) de la empresa Constructora Copisa, S.R.L., al determinar que no se agotó previamente la vía administrativa, como exige la normativa vigente.
Asimismo, el TSA acogió el medio de inadmisión interpuesto por la DGCP en la sentencia núm. 0030-04-2025-SSEN-00252, al determinar que el contrato objeto de litigio entre Distribuidora Universal, S.A. y CopySolutions International, S.A. ya había expirado, por lo que el recurso carecía de objeto.
Otro caso destacado fue la sentencia núm. 0030-04-2025-SSEN-00371, en la que se rechazó el recurso presentado por IAMCP-RD contra la DGCP y PROMESE/CAL por no haber cumplido con el procedimiento previsto en la Ley núm. 1494. El fallo también ordena su publicación en el Boletín del Tribunal.
En la sentencia núm. 0030-02-2025-SSEN-00345, el TSA desestimó una demanda interpuesta por la empresa Servicio Nacional de Seguridad Integral, SRL (SENASE), y validó el acto de adjudicación emitido por el Seguro Nacional de Salud (SENASA), al comprobarse que se actuó conforme a los principios de legalidad y debido proceso.
Además, el TSA rechazó una solicitud de medida cautelar presentada por la empresa Torclow, S.R.L. contra la DGCP y el Consejo del Poder Judicial. En su sentencia núm. 0030-01-2025-SSMC-00052, el tribunal concluyó que no se cumplían los requisitos legales para otorgar la medida, como la apariencia de buen derecho y el peligro en la demora.
Al referirse a los fallos, el director general de la DGCP, Carlos Pimentel, afirmó que estos resultados reflejan la solidez del marco jurídico dominicano y el compromiso de la institución con la legalidad, la transparencia y el uso eficiente de los recursos públicos.
“Reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia, la seguridad jurídica y la confianza ciudadana en los procesos de contratación pública de la República Dominicana”, puntualizó Pimentel.