Arrestadas médicas y alcaldesa pedánea en Valverde por corrupción en registros de defunción

PROVINCIA VALVERDE, Mao, RD.- Durante el transcurso de las investigaciones sobre el registro ilegal de defunciones que se lleva a cabo contra el procesado Máximo Mendoza, fueron arrestadas cinco mujeres vinculadas, incluyendo a cuatro profesionales de la medicina y a una alcaldesa pedánea del municipio Esperanza.

Las imputadas, identificadas como Renata Suero Torres, Alba María Amparo Fede, Rocenny Cruz Álvarez y Eva Altagracia Cruz Rodríguez, todas médicas de profesión, así como la alcaldesa Yluminada Altagracia Uceta, fueron arrestadas con orden judicial en la sede de la Fiscalía de Valverde tras la obtención de evidencias que las vinculan con los delitos de falsificación y suministro de datos falsos en el registro de defunciones.

El Ministerio Público adelantó que las imputadas serán sometidas a la justicia en las próximas horas y que solicitará la declaración de caso complejo ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Valverde.

Máximo Mendoza, principal imputado del caso, cumple tres meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Mao, provincia Valverde, después de que el Ministerio Público presentara diferentes evidencias ante el tribunal, las cuales registraron varias defunciones en unidades médicas y oficialías del Estado Civil de la Junta Central Electoral (JCE). Además, su proceso fue declarado complejo.

Mendoza se dedicaba a la falsificación y al uso fraudulento de documentos públicos para cometer los delitos que ocurrieron entre diciembre de 2024 y junio de 2025, afectando los sistemas de salud y registro civil.

Según se ha establecido, con su acción, el imputado pretendía perjudicar a las personas que declaraba muertas por supuestas deudas económicas pendientes. Hasta el momento, se han identificado seis víctimas: el proceso de cinco de ellas se completó en Salud Pública y posteriormente en la Junta Central Electoral, mientras que una sexta solo fue registrada en el Ministerio de Salud.

Los registros de defunción fueron completados por varios médicos en pasantías y sin exequátur para ejercer la profesión, entre ellos las cuatro arrestadas. El imputado empleaba la estrategia de solicitar el servicio a los médicos en diferentes turnos y en distintas unidades de Atención Primaria de Valverde.

Los fiscales Esther María González Peguero, representante ante la Junta Central Electoral (JCE), y Víctor Manuel Mejía, titular de Valverde, están a cargo del caso.

El Ministerio Público ha determinado en el proceso que uno de los aspectos comunes en el delito ha sido que algunas de las víctimas, personas en condiciones de vulnerabilidad económica, realizaban negociaciones de préstamos personales utilizando como garantía los beneficios que recibían a través de programas estatales de asistencia social. Estos beneficios consistían en un ingreso mensual de dos mil cien pesos (RD$2,100), destinado a cubrir necesidades básicas.

El imputado, aprovechándose de la precariedad de estas personas, les ofrecía préstamos por montos de entre cinco mil y quince mil pesos, los cuales cobraba reteniendo las tarjetas de asistencia social. En los casos en que no podía cobrar, recurría a la maniobra de presentarse ante distintas Unidades de Atención Primaria (UNAP) de los municipios de Mao y Esperanza para registrar el fallecimiento de la persona, fingiendo ser familiar directo de las víctimas, como primo, tío o esposo.

En este caso, el Ministerio Público cuenta con la colaboración de la Dirección Central de Investigaciones (DICRIM) de la Policía Nacional y de la Dirección de Seguridad de la Junta Central Electoral.