- Domingo, 14 de Diciembre, 2025
- Contactos
- Nosotros
- Términos y Condiciones
Últimas Noticias
El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional acogió la solicitud de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y dispuso el envío a juicio de los integrantes de la red criminal desmantelada mediante la Operación Gaviota, responsables del esquema fraudulento conocido como Investor Winner, que movilizó más de RD$4,239 millones y US$11.6 millones, afectando a al menos 332 víctimas entre 2020 y 2024.
El grupo captaba dinero mediante un sistema piramidal disfrazado de inversiones bursátiles legítimas, prometiendo rendimientos mensuales de entre 10% y 30%, sin contar con respaldo financiero real ni autorización de las autoridades reguladoras. La estructura utilizó empresas fachada, redes sociales y documentos falsos para atraer a cientos de inversionistas en distintas provincias del país.
El tribunal consideró que existen pruebas suficientes para iniciar juicio contra los principales acusados:
Rafael Martínez Batista y su esposa Eridania García Veloz de Martínez, junto a Edgar Antonio García Binet, Jesús Manuel de la Cruz Paché, Reynaldo Castillo Garrido, Ana Francisca Martínez Batista, Héctor Aníbal Santillán Faulkner, Carlos Manuel Jiménez Mauricio, Joanna del Cristo Amparo de Jiménez, y otros 13 imputados, vinculados directamente al entramado financiero y logístico.
El Ministerio Público presentó más de 650 elementos de prueba, entre ellos 376 testimonios, 19 peritajes forenses y financieros, 254 documentos y 29 pruebas materiales, con los cuales se sustenta la acusación.
La lectura íntegra del auto de apertura a juicio, emitido por el juez Deiby Peguero Jiménez, fue fijada para el próximo 14 de noviembre de 2025.
Las investigaciones establecen que los acusados operaron una estructura criminal mediante la empresa Investor Winner IW S.R.L. y un conjunto de compañías de fachada y cooperativas no reguladas, entre ellas:
El fraude fue promocionado por redes sociales como Instagram, Facebook, WhatsApp y Telegram, presentándose como una oportunidad de inversión segura en mercados internacionales. Sin embargo, se trataba de un clásico esquema Ponzi, en el cual el dinero de nuevos inversionistas era utilizado para pagar supuestas ganancias a los anteriores.
Al colapsar el esquema, los responsables intentaron borrar su rastro: falsificaron documentos, cedieron acciones de sus empresas, abandonaron sus domicilios y se trasladaron a otras provincias como Dajabón y Azua. Algunos salieron del país.
El tribunal acogió la calificación jurídica presentada por el Ministerio Público, que incluye:
La investigación fue liderada por los fiscales Jonathan Pérez Fulcar, Yudelka Holguín, Enmanuel Ramírez, Miguel Crucey Rodríguez y Alexis Piña, quienes reiteraron el compromiso del Ministerio Público de llevar ante la justicia a todos los implicados, recuperar los activos sustraídos y hacer justicia a las víctimas de este fraude masivo.
