Venezuela y la sombra del narco-poder

Santo Domingo, R.D.- Un Estado distinto a los demás ¿Hasta dónde puede llegar la fusión entre crimen y poder político? En América Latina hemos visto de todo: selvas sin ley en Colombia, rutas fronterizas dominadas por carteles en México y barrios enteros bajo control de pandillas en Centroamérica. Allí donde el Estado es frágil o ausente, el crimen se expande como agua en terreno seco.

Pero Venezuela es otra historia. Aquí no hablamos de vacío, sino de infiltración. No de un gobierno incapaz de frenar al narcotráfico, sino de acusaciones que lo colocan como parte misma del engranaje. En Venezuela no es la ausencia del Estado lo que preocupa, sino su presencia en el negocio equivocado.

El nacimiento del Cartel de los Soles
El término Cartel de los Soles surgió en los años noventa, tras investigaciones que vincularon a generales de la Guardia Nacional Bolivariana con cargamentos de cocaína. El nombre hace referencia a los soles, las insignias que distinguen el rango de los oficiales.

No se trataba de un cartel externo al poder, sino de una red incrustada en el aparato militar. Con el tiempo, la acusación dejó de describir a un Estado débil y comenzó a perfilar algo mucho más grave: un Estado señalado de traficar activamente. Estas denuncias no se limitan a rumores; provienen de expedientes judiciales en tribunales federales de Nueva York, informes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), reportes de Europol y documentos de Naciones Unidas.

¿Productor o corredor? El papel atribuido a Venezuela
Venezuela no es un productor significativo de cocaína: los cultivos siguen concentrados en Colombia, Perú y Bolivia, aunque existen sembradíos menores en zonas fronterizas venezolanas. El rol del país sería otro: el de corredor estratégico.

Se afirma que, desde los puertos de La Guaira y Puerto Cabello, y a través de pistas clandestinas en áreas limítrofes, toneladas de cocaína salen hacia distintos destinos. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) estima que por Venezuela transitan cada año entre 200 y 250 toneladas de cocaína rumbo a terceros mercados.

Una parte de esos cargamentos se dirige al Caribe y a Estados Unidos. Otros viajan directamente a Europa, llegando a puertos como Amberes o Róterdam. También existe una ruta hacia África Occidental, denominada la Ruta 10, utilizada como plataforma de entrada hacia Europa, especialmente a través de España y Portugal. Aunque la cocaína es la mercancía principal, informes internacionales señalan que también circulan marihuana y drogas sintéticas, pero en volúmenes menores.

Nombres propios en la trama
En marzo de 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Nicolás Maduro Moros, presidente en ejercicio de Venezuela desde 2013, de conspirar para introducir cocaína en territorio estadounidense. La acusación se extendió a otros catorce altos funcionarios, entre ellos: Diosdado Cabello Rondón, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente entre 2017 y 2020, actual Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores; Tareck El Aissami Maddah, Ministro de Petróleo de 2020 a 2023 y exvicepresidente de la República (2017-2018); y Vladimir Padrino López, Ministro de la Defensa desde 2014. El expediente describía además vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), guerrilla que durante décadas financió su lucha armada a través de la cocaína.

En contraste, el gobierno venezolano niega la existencia del Cartel de los Soles y lo describe como una invención de Washington para legitimar sanciones y preparar el terreno para una posible intervención. Nicolás Maduro insiste en que se trata de una campaña de desprestigio. Sin embargo, antiguos colaboradores del chavismo, como el capitán de corbeta Leamsy Salazar, exjefe de seguridad de Diosdado Cabello, quien declaró ante la justicia de Estados Unidos en 2014, o el general Clíver Alcalá Cordones, que tras su ruptura con el oficialismo ofreció testimonio en Colombia y posteriormente en tribunales norteamericanos, han señalado que la red opera dentro de las estructuras del Estado. A ello se suman las incautaciones en Europa y el Caribe, donde las autoridades han podido rastrear cargamentos hasta puertos y vuelos originados en Venezuela, dejando en evidencia que no se trata solo de una disputa política, sino de hechos verificables.

En 2024, Hugo Armando “El Pollo” Carvajal Barrios, jefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar entre 2004 y 2011, declaró en tribunales de Nueva York su participación en conspiraciones de narcotráfico. Con ello, reforzó la narrativa de que sectores de los poderes militar y político no solo toleraban los envíos, sino que los organizaban directamente. A esta trama se sumaron las revelaciones de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán y miembro del Cartel de Sinaloa, quien admitió ante autoridades estadounidenses la existencia de alianzas entre esa organización y el Cartel de los Soles.

Estas acusaciones, documentadas por agencias internacionales y organismos multilaterales, consolidan la idea de que el Cartel de los Soles no es una invención política, sino una red con ramificaciones comprobadas en expedientes oficiales.

Un presidente con precio
En marzo de 2020, el Departamento de Estado de EE. UU. ofreció 15 millones de dólares por información que condujera a la captura de Nicolás Maduro. En 2025, esa cifra ya ascendió a 50 millones.

No se trata de localizarlo, su paradero es conocido, sino de convertirlo en un símbolo político internacional: un presidente en ejercicio señalado como enemigo público por narcotráfico.

Washington contra Caracas: guerra de cocaína y geopolítica
¿Por qué Washington elevó tanto el tono contra Caracas? Porque el narcotráfico no es un fenómeno distante: golpea en casa.

Estados Unidos es uno de los principales mercados de drogas ilícitas del mundo. Más de 47 millones de personas mayores de 12 años consumen cada año, según la Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas y Salud (SAMHSA). Aunque el fentanilo acapara la atención pública, la cocaína mantiene presencia sólida en la costa Este. Y una parte significativa de esa cocaína, según la DEA, pasa por Venezuela.

La paradoja se entiende en dos planos. Por un lado, combatir la droga es una necesidad interna: la adicción destruye vidas, genera violencia y cuesta más de 150 mil millones de dólares al año. Por otro, la lucha antidrogas también se convierte en un recurso geopolítico. Al perseguir al Cartel de los Soles, Washington golpea indirectamente a un régimen aliado de Rusia, Cina, Irán y otros actores incómodos para su política exterior.

La presión ya no es solo retórica. Según la agencia Reuters, en los últimos días de agosto de 2025 Estados Unidos ha desplegado al menos 8 buques de guerra y 3 buques anfibios en el Caribe para interceptar cargamentos antes de que alcancen sus costas. No actúa solo: un buque francés se sumó a la misión, reflejo de que EEUU busca implicar a Europa en este esfuerzo.

Sin embargo, este cerco no significa que la droga deje de llegar a Europa. Es aquí donde la Ruta 10 adquiere relevancia estratégica.

La Ruta 10: alternativa africana
La llamada Ruta 10 conecta Venezuela con África Occidental, especialmente con Cabo Verde, Guinea-Bissau y Senegal. De allí, la droga se redistribuye hacia Europa, infiltrándose por España, Portugal y los puertos mediterráneos. Europol calcula que 30 a 40 toneladas de cocaína circulan anualmente por este corredor.

Hasta ahora, no ha sido el eje central del tráfico venezolano, pero su sola existencia ofrece a Caracas un margen de maniobra. Si el bloqueo en el Caribe se consolida, el Cartel de los Soles podría recurrir con más fuerza a esta ruta africana para mantener abastecidos los mercados europeos.

Las consecuencias son profundas. En África Occidental, la cocaína se ha convertido en moneda de poder: financia a grupos armados y mercenarios y, paradójicamente, en países del Sahel como Mali, Níger y Burkina Faso, sostiene o perjudica a gobiernos cuya fragilidad los obliga a pactar con estos actores. Para Europa, significa más droga en sus calles; para Francia, un desafío directo en la misma región donde intenta mantener presencia; y para Rusia, un obstáculo a su voluntad de ampliar su influencia en un continente donde busca proyectarse como alternativa frente a Occidente.

Fue en este contexto de presión creciente que, el martes 2 de septiembre de 2025, se produjo un episodio que marcó un salto cualitativo en la confrontación. Un buque militar estadounidense abrió fuego contra una lancha atribuida al grupo criminal Tren de Aragua, organización nacida en cárceles venezolanas y hoy considerada como organización terrorista extranjera tanto por Washington como por países de la región, como Perú. El operativo dejó once muertos y fue presentado por el secretario de Estado Marco Rubio como un golpe simbólico contra las redes narco-terroristas. “Los cárteles van a perder un 2% de sus cargamentos; para ellos es una pérdida asumible, pero el mensaje es claro”, afirmó.

El Tren de Aragua, descrito como brazo armado y logístico complementario al Cartel de los Soles, refleja cómo la violencia criminal venezolana no solo controla territorios, sino que se proyecta como fuerza internacional, en paralelo al aparato estatal señalado por narcotráfico.

Poco después del recién descrito incidente, la tensión se trasladó también al plano aéreo: según el Pentágono, citado por Reuters y Associated Press, dos F-16 venezolanos realizaron maniobras de aproximación sobre el destructor estadounidense USS Jason Dunham en aguas internacionales, una acción calificada de “altamente provocadora”. En ese mismo tenor de creciente fricción, Washington reforzó su presencia en la región con el envío de diez cazas F-35 a Puerto Rico. A ello se suma, según CNN, que el presidente Trump estaría evaluando la posibilidad de ordenar bombardeos contra objetivos vinculados al narcotráfico dentro de Venezuela, lo que marcaría un acontecimiento inédito en la confrontación.

De cartel a Estado: un dilema internacional
El 25 de julio de 2025, Estados Unidos declaró formalmente al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera (FTO, por sus siglas en inglés). Esa designación habilita sanciones más duras y un marco legal para intervenciones militares.

Para América Latina, plantea un dilema diplomático: ¿cómo cooperar en seguridad con un Estado cuyos gobernantes han sido acusados de traficar y catalogados como terroristas por dirigir el Cartel de los Soles? Para Europa, implica aceptar que el problema no se limita al Caribe: incautaciones récord en Amberes, Róterdam y Algeciras prueban que el epicentro de la amenaza también está en sus puertos. Y para África, confirma que la cocaína seguirá siendo un factor de desestabilización y, en algunos casos, de supervivencia política.

Cuando el crimen se convierte en poder
Según las investigaciones, el Cartel de los Soles no responde al modelo piramidal de Medellín o Sinaloa. Es más difuso, más enredado e inquietante: una red incrustada dentro del Estado venezolano, cuya dirección en principio se atribuye a Nicolás Maduro.

El caso de Manuel Antonio Noriega en Panamá ayuda a comprender la magnitud del problema. Durante los años ochenta, Noriega no solo permitió que su país se convirtiera en una de las principales rutas de cocaína hacia Estados Unidos; también fue colaborador de la CIA (Agencia Central de Inteligencia, por sus siglas en inglés). Ese doble papel, aliado estratégico de Washington y, al mismo tiempo, cómplice del narcotráfico, lo convirtió en un actor ambiguo hasta que en 1989 fue derrocado mediante una intervención militar estadounidense.

La pregunta clave es: ¿por qué un presidente con poder absoluto arriesgaría su libertad involucrándose en el narcotráfico? Precisamente porque no se trata de un negocio paralelo, sino de un mecanismo para atar lealtades y garantizar la supervivencia política. El flujo de divisas permite sostener redes militares y clientelares, asegurar que las élites dependan del sistema ilícito y transformar a todos los implicados en cómplices. Sobre todo, en un país como Venezuela donde el salario real se ha desplomado más de un 90% en la última década.

Por eso la discusión gira en torno a algo muy grave: ¿qué puede hacer la comunidad internacional cuando un Estado es acusado de dirigir el narcotráfico?

Ya no hablamos solo de cocaína. Hablamos de soberanía, de legitimidad… y del riesgo de que la línea entre crimen y poder desaparezca, con consecuencias que trascienden a Venezuela y ponen a prueba al sistema internacional.