Informe acusan al Estado y a empresa privada de colapso ambiental en la Laguna de Cabral

Santo Domingo. — Un informe técnico de alto nivel elaborado por expertos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y la Academia de Ciencias de la República Dominicana (ACRD) ha determinado que la casi total desecación de la Laguna de Cabral o Rincón —el mayor cuerpo de agua dulce del Suroeste dominicano— no obedece a causas naturales, sino a un proceso sistemático de sobreexplotación hídrica, abandono estatal e intereses corporativos.

El estudio, solicitado por la Comisión Permanente de Medio Ambiente del Senado, responsabiliza directamente al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) y al Consorcio Azucarero Central (CAC) por lo que califican como un "ecocidio", al desviar casi la totalidad del caudal del río Yaque del Sur, vital para la laguna y las comunidades que dependen de ella.

Entre los hallazgos más contundentes del informe destacan:

• Hasta un 90% del caudal del río Yaque del Sur está siendo desviado a través del dique de Santana para uso exclusivo del CAC.
• El Canal Trujillo, que debía alimentar la laguna, está completamente obstruido y en abandono.
• El INDRHI incumple el Acuerdo Interinstitucional de 2021, al no garantizar el caudal ecológico requerido.
• El Ministerio de Medio Ambiente ha fallado en su rol de fiscalizador, permitiendo el deterioro de un humedal clasificado como Sitio Ramsar de Importancia Internacional.

Además, se documentan graves impactos sociales y ecológicos, como la muerte masiva de peces y anfibios, pérdida de hábitats, desaparición de especies endémicas y migratorias, y una crisis económica para más de 30,000 familias en las provincias de Barahona, Bahoruco e Independencia.

El equipo investigador, integrado por los biólogos Luis Carvajal Núñez, José Manuel Félix, George Cepeda y Leonardo Mercedes, sostiene que la catástrofe no puede ser atribuida a la sequía o al cambio climático, sino a decisiones técnicas y políticas que han priorizado el interés empresarial sobre los derechos comunitarios y la protección ambiental.

“Estamos ante un modelo de gestión del agua que garantiza abundancia para un solo actor industrial y miseria hídrica para todo lo demás”, señala el informe.

El documento propone al Gobierno una serie de medidas inmediatas, agrupadas en un “Decálogo Presidencial”, que incluye:

1. Declarar estado de emergencia ambiental en la Laguna de Cabral.
2. Liberar pulsos de agua desde las presas para reanimar la laguna.
3. Restablecer un caudal ecológico permanente.
4. Rehabilitar el Canal Trujillo de inmediato.
5. Renegociar los acuerdos con el CAC para limitar su consumo hídrico.
6. Imponer una moratoria a la minería metálica en la cuenca alta.
7. Aplicar las leyes ambientales vigentes con carácter de urgencia.

El informe denuncia además que el actual modelo de administración del agua contradice la Constitución dominicana, que reconoce el agua como bien público, así como múltiples leyes ambientales. La vigencia de un acuerdo de 2006 que favorece al CAC por encima del Acuerdo de 2021 refleja lo que califican como una “captura institucional” del Estado por intereses privados.

La desaparición progresiva de la laguna ha generado una catástrofe ambiental y humanitaria. Especies como la jicotea sureña y la biajaca han desaparecido; la vegetación acuática ha colapsado, y cientos de aves migratorias han perdido su refugio.

“La gente no tiene con qué comer. La pesca desapareció. Esto ha traído hambre, desesperación y desempleo”, afirman líderes comunitarios.

El informe concluye con un llamado urgente al Gobierno: la solución no requiere grandes inversiones, sino voluntad política para restaurar el equilibrio ecológico, hacer cumplir las leyes y reafirmar el control del Estado sobre sus recursos hídricos.

El documento será remitido al Senado de la República, al Presidente y a organismos internacionales vinculados a la Convención Ramsar, que protege los humedales de importancia global.