Ministerio Público: Adán Cáceres recurre a supuestos problemas de salud como tácticas dilatorias para evitar juicio por corrupción

Santo Domingo, RD.- El Ministerio Público reveló este lunes que, a pocas semanas de concluir el juicio, la defensa del mayor general Adán Benoni Cáceres Silvestre está buscando que su expediente sea separado del juicio principal contra los procesados que formaban parte del entramado de corrupción administrativa desmantelado con las operaciones Coral y Coral 5G.

La audiencia de este lunes, en la que se esperaba culminar la incorporación de pruebas por parte de la defensa técnica de los imputados Boanerges Reyes Batista, Franklin Antonio Mata Flores, José Manuel Rosario Pirón, Carlos Augusto Lantigua Cruz y el coronel Rafael Núñez de Aza, fue aplazada nuevamente debido a una supuesta condición médica de Cáceres Silvestre, lo que resultó en una licencia médica de 45 días.

El procurador fiscal Jonathan Pérez Fulcar, adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), explicó que el Ministerio Público solicitó la conformación de una junta médica a través del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para verificar la veracidad del tiempo establecido en la licencia presentada, ya que esta no fue acompañada de un historial clínico ni explica qué procedimiento justificó un reposo tan prolongado.

Ante esta situación, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, compuesto por las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, reprogramó la audiencia para el próximo 3 de noviembre y solicitó que la defensa aporte la documentación médica correspondiente al Ministerio Público.

Desde el pasado 29 de agosto, el Ministerio Público ha concluido la presentación de más de 2,900 pruebas que sustentan la acusación contra los generales Adán Cáceres, Julio Camilo de los Santos Viola, Juan Carlos Torres Robiou y otros implicados en el entramado de corrupción que defraudó al Estado dominicano por más de RD$4,500 millones.

Entre las pruebas presentadas se incluyen 2,201 pruebas documentales, 141 peritajes, 282 declaraciones de testigos y peritos, 184 pruebas procesales y 104 pruebas materiales, tales como armas de fuego, relojes de lujo, equipos electrónicos, inmuebles, vehículos y dinero en efectivo.

Además, se identificaron 214 inmuebles en distintas provincias, 86 vehículos de alto cilindraje y más de RD$28 millones y US$55,000 en efectivo, todos solicitados para decomiso. Los bienes incautados han generado ingresos por concepto de alquileres y producción agrícola que ascienden a más de RD$86 millones, también reclamados a favor del Estado.

El Ministerio Público acusa a Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), de liderar una red compuesta por 30 personas físicas y 18 jurídicas, que operó entre 2012 y 2020, desviando fondos públicos, incluidos recursos de inteligencia del Cusep y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).