
La exdirectora de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), Germanía Montás, cuestionó nuevamente la decisión del Estado dominicano de mantener congelada la exención contributiva del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para las personas físicas desde el año 2013, calificándola como una medida que afecta la equidad del sistema tributario.
Montás recordó que el Código Tributario Dominicano dispone que toda cantidad expresada en pesos dominicanos debe ajustarse por inflación, incluyendo el mínimo no exento que define los ingresos a partir de los cuales una persona comienza a tributar. “Antes del 2013 este ajuste se aplicaba con normalidad, incluso en años de crisis como el 2009”, señaló.
De acuerdo con la exfuncionaria, la suspensión del ajuste por inflación al mínimo exento fue una forma de ampliar la base de contribuyentes sin modificar la ley, lo que, en su opinión, contradice el principio constitucional de equidad fiscal. “Quienes adoptaron esa medida entendieron que era necesario aumentar la cantidad de personas que pagan el impuesto, pero mantuvieron los demás ajustes por inflación que benefician a las empresas”, criticó.
Montás explicó que la exención contributiva es un reconocimiento al ingreso mínimo necesario para subsistir y generar renta gravada, por lo que eliminar su actualización distorsiona la capacidad real de contribuir. “El sistema debe respetar que las personas solo pueden tributar a partir de los ingresos que exceden su subsistencia. Eso es equidad”, afirmó.
Asimismo, rechazó las comparaciones que algunos hacen entre el caso dominicano y los de otros países latinoamericanos donde no existe mínimo exento. Indicó que en esas naciones como Argentina, México, Paraguay y Guatemala, los contribuyentes pueden deducir múltiples gastos personales y familiares, desde educación y salud hasta vivienda y seguros, lo que no ocurre en República Dominicana.
“Comparar sin contexto lleva a conclusiones erróneas. En el país no se permite prácticamente ninguna deducción, por lo que mantener estática la exención contributiva significa desconocer la realidad económica de los contribuyentes”, enfatizó Montás.
La experta insistió en que actualizar el monto exento según la inflación no solo cumpliría con la ley, sino que también restauraría la justicia tributaria y la coherencia del sistema. “Reconocer la condición particular y familiar de las personas es la verdadera forma de aplicar el principio de equidad”, concluyó.