El presidente Abinader encabeza celebración por los 181 años de la Constitución

San Cristóbal, RD.- Reafirmando su compromiso con el fortalecimiento institucional, el respeto al Estado de derecho y la consolidación de los valores democráticos que sustentan la nación, el presidente Luis Abinader asistió este jueves a la audiencia solemne por el 181.º aniversario de la proclamación de la Constitución dominicana, presidida por el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Napoleón Estévez Lavandier.

En la audiencia solemne, los jueces del Pleno reflexionaron sobre los deberes fundamentales de los ciudadanos, establecidos en la Constitución, y la importancia de cumplir con ellos para el fortalecimiento del país y la convivencia en armonía.

En su discurso, el presidente del Tribunal Constitucional destacó la presencia del presidente Abinader, de quien resaltó que "no ha faltado a ninguna de las audiencias solemnes celebradas".

El magistrado Estévez Lavandier destacó que no puede haber plenitud ciudadana al pretender ejercer libertades sin asumir responsabilidades, ya que "los deberes constituyen el rostro complementario de los derechos. Una república no puede aspirar a fortalecerse si forma ciudadanos que reclaman derechos, pero desconocen los deberes que garantizan la convivencia, la justicia y el bien común".

El presidente de esta alta corte afirmó que el constitucionalismo contemporáneo reconoce que los deberes fundamentales no son simples exhortaciones morales, sino mandatos jurídicos vinculantes para todos los ciudadanos. Además, reconoció que "no estamos exentos del cumplimiento de los deberes que la propia Constitución impone a toda persona; por el contrario, al hablar públicamente de ellos, ratificamos nuestra convicción de que su difusión es esencial para promover su cumplimiento y fortalecer la cultura cívica y constitucional".

Asimismo, afirmó que conmemorar el aniversario de la proclamación de la Constitución va más allá de recordar un suceso histórico importante; es rendir tributo a un acto de fe en la libertad y la dignidad del ser humano. Añadió que honrar esa herencia implica asumir el compromiso de ser ciudadanos responsables, guardianes del orden constitucional y promotores del civismo que sostiene a la República Dominicana.

En ese sentido, el magistrado Estévez Lavandier reafirmó el compromiso del Tribunal Constitucional de garantizar la supremacía constitucional, proteger los derechos fundamentales y velar por el cumplimiento de los deberes de todos los ciudadanos, los cuales aseguran la unidad y estabilidad de la nación.

La ciudadanía se construye no solo a través de la exigencia de derechos, sino también mediante el cumplimiento de obligaciones constitucionales.

A continuación, el magistrado Miguel Aníbal Valera Montero, primer sustituto del presidente, se refirió al deber constitucional de velar por el fortalecimiento y la calidad de la democracia, el respeto al patrimonio público y el ejercicio transparente de la función pública (art. 75.12). Manifestó que la ciudadanía no se construye únicamente a través de la exigencia de los derechos, sino también mediante el cumplimiento de las obligaciones constitucionales.

Asimismo, la magistrada Eunisis Vásquez Acosta, segunda sustituta del presidente, destacó la responsabilidad ciudadana establecida en el artículo 75.4 de la Constitución, que se refiere a prestar servicios para el desarrollo. Según afirmó, este artículo tiene el propósito de inculcar el valor del compromiso social, la cooperación y el trabajo solidario como pilares de la identidad dominicana.

A continuación, el magistrado Domingo Gil afirmó que el deber de actuar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones de calamidad pública o que pongan en peligro la vida o la salud de las personas (art. 75.10), requiere una participación activa de los ciudadanos y «nos insta a contribuir al crecimiento sobre la base del más estricto respeto a la dignidad de nuestro prójimo».

El gobierno central ha estado actuando con transparencia y dando prioridad a obras de especial necesidad social.

El magistrado Fidias F. Aristy Payano afirmó que es fundamental comprender que la recaudación de recursos es indispensable para el buen funcionamiento de la administración pública, ya que permite la promoción del desarrollo y el bienestar común. En este sentido, destacó que el Gobierno central ha estado actuando con transparencia y dando prioridad a obras de especial necesidad social, cumpliendo así con el mandato constitucional de administrar eficazmente los recursos públicos. Señaló que la transparencia en el uso de los fondos estatales ha sido uno de los anhelos históricos del pueblo dominicano y exhortó a las autoridades a continuar gestionando los recursos "de manera diáfana, tan diáfana y tan nítida como la luz que ilumina la esperanza de los pobres".

El magistrado José Alejandro Vargas Guerrero se refirió a la obligación constitucional de abstenerse de realizar cualquier acto que perjudique la estabilidad, independencia o soberanía de la República Dominicana (art. 75.5). Afirmó que este enunciado tiene como objetivo que el ciudadano tome conciencia del papel que desempeña en la preservación de la imagen, la defensa de la nación y la soberanía de la patria.

Por su parte, la magistrada Sonia Díaz Inoa destacó la importancia del mandato constitucional de votar (art. 75.2), ya que el sistema democrático se sustenta en el ejercicio del sufragio y es el único instrumento que garantiza, tanto jurídica como institucionalmente, la expresión de la voluntad popular.

La magistrada Alba Luisa Beard Marcos se pronunció sobre el deber de cooperar con el Estado en lo referente a la asistencia y seguridad social (art. 75.9), afirmando que cumplir con esta responsabilidad es de vital importancia para el desarrollo humano. Además de fortalecer la nación y el Estado de derecho, constituye un acto de amor y solidaridad para construir un país más justo, humano y unido.

En relación con el deber de desarrollar y difundir la cultura dominicana, así como de proteger los recursos naturales del país y garantizar la conservación de un ambiente limpio y sano (art. 75.11), el magistrado José Alejandro Ayuso destacó la importancia de cumplir con este mandato constitucional, ya que "sin un ambiente sano, la cultura se marchita, y sin cultura, la naturaleza pierde su alma".

La magistrada María del Carmen Santana de Cabrera habló sobre el deber fundamental de los dominicanos de educarse, consagrado en el numeral 8 del artículo 75, y resaltó que la educación es un compromiso de todos, ya que es un pilar fundamental para la sociedad y, a través de ella, se construye una nación de valores y ciudadanos comprometidos.

El magistrado Manuel Ulises Bonnelly Vega destacó la obligación de acatar y cumplir la Constitución y las leyes, así como de respetar y obedecer a las autoridades (art. 75.1). Señaló que, aunque esta obligación recae sobre todos los ciudadanos, tiene una carga especialmente significativa para aquellos que desempeñan funciones públicas.

En relación con el deber de dedicarse a un trabajo digno, elegido libremente, con el fin de proveer el sustento propio y el de la familia, alcanzar el perfeccionamiento de la personalidad y contribuir al bienestar y progreso de la sociedad (art. 75.7), la magistrada Army Ferreira expuso que trabajar es participar activamente en la creación del bien común y contribuir al ideal de una sociedad más justa, solidaria y próspera.

Finalmente, el magistrado Amaury A. Reyes Torres recalcó la importancia de prestar los servicios civiles y militares que la patria requiera para su defensa y conservación (art. 75.3). Afirmó que este deber no es vacío ni solitario, sino que contribuye a preservar el país y el Estado social y democrático de derecho, fundado en la dignidad humana, la libertad, la igualdad, el imperio de la ley y la justicia.

En la audiencia estuvieron presentes la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso; los presidentes del Senado, Ricardo De Los Santos; de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina; del Tribunal Superior Electoral, Ygnacio Camacho; el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa; la ministra de Interior y Policía, Faride Raful; los ministros de Trabajo, Luis Miguel De Camps; de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín; el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta; la gobernadora de San Cristóbal, Pura Casilla; el senador Gustavo Lara; el alcalde Nelson De La Rosa; la ex procuradora general de la República, magistrada Miriam Germán; los directores de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta; de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón; y el administrador general de EGEHID, Rafael Salazar.