Ecored promueve una visión empresarial basada en la economía del cuidado y la regeneración

Santo Domingo, R.D. — La Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental (Ecored) llamó al sector privado a adoptar una visión empresarial basada en la economía del cuidado y la regeneración, en un contexto en el que el nuevo Código Penal establece fuertes responsabilidades y sanciones penales por daños ambientales.

Durante el desayuno–conferencia “Responsabilidad ambiental y el rol del sector empresarial ante el nuevo Código Penal”, la presidenta interina de Ecored, Christy Luciano, afirmó que la entrada en vigor de la nueva normativa marca “un hito” en la protección de los recursos naturales y eleva los estándares de cumplimiento y ética a los que deben ajustarse las empresas.

Luciano sostuvo que desarrollo económico y protección ambiental son “rutas complementarias” y agregó que el nuevo marco legal ofrece una oportunidad para fortalecer la gestión de riesgos, la gobernanza corporativa y la reputación institucional. Destacó que la sostenibilidad se ha convertido en un componente esencial del valor empresarial, porque preserva la confianza de consumidores, inversionistas y comunidades.

La líder empresarial subrayó que Ecored promueve una visión que trasciende el mero cumplimiento normativo: una economía capaz de restaurar, proteger y devolver valor a los ecosistemas de los que dependen los negocios y la sociedad. “El éxito debe medirse en el bienestar que generamos para las personas, las comunidades y los ecosistemas”, afirmó.

La conferencia principal estuvo a cargo de la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, quien advirtió que con la Ley 74-25 —que moderniza el Código Penal— las empresas que afecten al medio ambiente enfrentarán no solo sanciones administrativas, sino procesos penales, multas millonarias, suspensión de operaciones e incluso clausura definitiva.

Ramos explicó que esta normativa coexiste con la Ley 64-00, que establece el principio de “quien contamina paga” y tipifica delitos como vertidos tóxicos, contaminación de agua, aire y suelo, tala ilegal y daño a áreas protegidas. Los artículos 174, 175 y 176 fijan responsabilidades para personas físicas y jurídicas, con sanciones que pueden alcanzar los 20 mil salarios mínimos.

La fiscal enfatizó que las empresas deben abandonar la idea de que el medio ambiente es responsabilidad exclusiva del Estado e integrar plenamente la prevención, el manejo adecuado de residuos, el control de emisiones y la reparación de daños en su gestión corporativa. Advirtió además que la omisión de controles o la obtención irregular de permisos puede constituir culpa grave y generar responsabilidad solidaria entre empresas y administradores.

Ramos destacó la importancia de los oficiales de cumplimiento y de los programas formales de cumplimiento penal ambiental, que incluyen mapeo de riesgos, códigos de ética, auditorías, canales de denuncia y trazabilidad de residuos. Estas prácticas no solo reducen riesgos, sino que pueden atenuar la responsabilidad penal en caso de incidentes.

El encuentro, celebrado en el Hotel El Embajador, reunió a líderes empresariales como Laura Peña Izquierdo (Copardom), César Dargam (Conep), Mario Pujols (AIRD), Aguie Lendor (Asonahores), Patricia Abreu (Fondo Agua Santo Domingo) y Martin Valerio (Camipe), además de representantes del sector público y exautoridades ambientales.

La conclusión compartida: adaptarse al nuevo régimen penal ambiental ya no es un valor agregado, sino una condición esencial de competitividad en un mercado que premia la sostenibilidad real.