
Santo Domingo, R.D. – El Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA), junto al Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC), la Fundación Ciudadanos contra la Corrupción (C3), varias entidades ecológicas y comunitarias, así como más de 200 actores civiles, presentaron una acción de amparo para solicitar que la Cámara Civil y Comercial ordene el retiro inmediato de dos nuevas barcazas generadoras de electricidad instaladas por Karpowership Dominican Republic, S.A.S. en la comunidad Los Negros, Azua.
Las organizaciones afirman que las barcazas, que operan con Búnker C, constituyen una amenaza grave e inminente para la salud, la seguridad alimentaria y el medio ambiente de la zona, ubicada dentro de la Reserva de Vida Silvestre Manglares de Puerto Viejo, un área protegida de alto valor ecológico.
De acuerdo con la instancia sometida, el 4 de octubre de 2025 arribaron al puerto de Los Negros dos nuevas barcazas que se sumarían a las ya existentes, sin contar con estudios ambientales ni autorización legal, lo cual—según alegan—constituye un crimen ambiental sancionado con hasta diez años de prisión, conforme al artículo 81 de la Ley 307-04 de Pesca y Acuicultura.
Las organizaciones enfatizan que el Búnker C es uno de los combustibles más contaminantes, capaz de afectar el agua, el aire y la biodiversidad: “Una sola gota contamina hasta 4 mil litros de agua”, señalan.
Los accionantes recuerdan que este conflicto no es nuevo.
Alegan que los nuevos hechos agravan el riesgo y la vulneración de derechos fundamentales de la comunidad.
La solicitud principal del recurso es que la justicia ordene el retiro inmediato de las dos barcazas recién instaladas, con el fin de evitar:
Los peticionarios afirman que estos daños violan derechos fundamentales como la vida, la dignidad humana, la seguridad alimentaria y el derecho a un medio ambiente sano, protegidos por la Constitución.
Las entidades sostienen que están amparadas por varios artículos de la Constitución Dominicana, la Ley 137-11 sobre procedimientos constitucionales y la Ley 64-00 de Medio Ambiente, que otorgan legitimidad a personas y asociaciones para reclamar protección ante daños ambientales, así como para interponer acciones de amparo cuando existan amenazas actuales o inminentes.
Citan principios como:
Los accionantes están representados por los abogados:
Ernesto Mateo Cuevas, Wendy Elizabeth Santos, Benustrides Beltré, Baudilio Piña, Heidy Lorenzo, Remberto Pichardo Juan y Euren Cuevas Medina, con domicilio procesal en Villa Consuelo, Distrito Nacional.