Participación Ciudadana valora la sentencia TC como avance decisivo para la igualdad

Santo Domingo, RD.- Participación Ciudadana, capítulo dominicano de Transparencia Internacional, saluda y respalda la reciente Sentencia TC-01225-25, mediante la cual el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales las disposiciones de los Códigos de Justicia de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas que penalizaban las relaciones consensuales entre personas del mismo sexo dentro de los cuerpos uniformados.

Los artículos anulados, el 210 de la Ley 285 y el 260 de la Ley 3483, imponían penas de hasta dos años de prisión exclusivamente a oficiales y alistados de cuerpos castrenses por el simple hecho de mantener relaciones sexuales con personas del mismo sexo, sin importar el contexto en el que ocurrieran. Estas disposiciones, heredadas del trujillismo, mantenían plena vigencia normativa y práctica, vulnerando de manera concreta los derechos de las personas homosexuales que sirven al país desde estas instituciones.

Participación Ciudadana destaca que el Tribunal reafirma un principio constitucional fundamental: ninguna autoridad del Estado ni ningún particular puede restringir derechos basándose en la orientación sexual, ya que se trata de un aspecto protegido por la dignidad humana, la intimidad y el libre desarrollo de la personalidad.

La organización destaca que esta decisión restablece la supremacía constitucional frente a normas anacrónicas y discriminatorias que, durante décadas, legitimaron la desigualdad estructural en las carreras policial y militar. “El Tribunal Constitucional cumple con su función de ser el garante último de la Constitución, asegurando que ninguna disposición sancione a personas por conductas privadas, consensuales y sin relación con los fines legítimos del servicio público”, expresó la entidad.

Asimismo, Participación Ciudadana destacó que la sentencia fortalece la institucionalidad democrática al ordenar que todas las normas internas de los cuerpos castrenses, instituciones públicas y actores privados se ajusten al mandato constitucional de igualdad y no discriminación.

La entidad valoró positivamente la claridad con la que el Tribunal Constitucional identificó que las disposiciones anuladas no estaban relacionadas con la disciplina institucional ni con los objetivos legítimos del servicio, sino que respondían a prácticas históricas de estigmatización e intromisión indebida en la vida privada de policías y militares.

La organización reiteró que las sentencias del Tribunal Constitucional son vinculantes y obligatorias para todos los poderes públicos y los particulares. En ese sentido, exhortó a las instituciones del sector de seguridad y defensa a adoptar medidas inmediatas para adecuar sus reglamentos, procedimientos internos y políticas de recursos humanos al estándar constitucional reafirmado por esta decisión. “Se trata de un precedente histórico que fortalece nuestra democracia, promueve la igualdad real y reafirma que ningún sector del Estado está por encima de la Constitución”, concluyó la organización.

Llamado a la ciudadanía y a los medios de comunicación

Participación Ciudadana también hace un llamado firme a la ciudadanía y a los medios de comunicación para elevar el rigor informativo y evitar caer en la trampa de la desinformación, el morbo o el sensacionalismo, que a menudo surgen a partir de titulares sensacionalistas o reacciones emotivas en redes sociales. En tiempos marcados por bulos, noticias falsas y discursos que distorsionan debates esenciales, es indispensable que la población lea, contraste y verifique el contenido real de decisiones tan relevantes como una sentencia del Tribunal Constitucional.

La entidad recordó que la democracia se fortalece cuando la ciudadanía participa a partir de información veraz y análisis crítico, y subrayó que la lectura responsable, más allá del titular, es un acto de ciudadanía activa.