
Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS) anunciaron que los permisos de trabajo para solicitantes de asilo, refugiados y otros beneficiarios de protección migratoria tendrán a partir del 5 de diciembre de 2025 una vigencia máxima de 18 meses, frente a los cinco años que se otorgaban desde 2023.
La medida también afecta a quienes esperan decisiones sobre cancelación de deportación, protección bajo leyes especiales como el TPS, y programas de alivio centroamericano y nicaragüense. Para los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal, los permisos serán válidos solo por un año o hasta la fecha de finalización del programa, lo que sea menor.
El director de USCIS, Joseph Edlow, justificó la decisión vinculándola al reciente ataque de un inmigrante afgano contra dos guardias nacionales en Washington DC, asegurando que busca reforzar la supervisión y la evaluación de riesgos de quienes solicitan permisos laborales.
La medida forma parte de un paquete de restricciones migratorias implementadas esta semana, que incluye la revisión de “green cards” de ciudadanos de países como Afganistán, Venezuela, Cuba, Haití, Irán y Somalia, la suspensión temporal de decisiones de asilo, la pausa en la emisión de visas afganas y la cancelación de ciertos beneficios para ciudadanos de 19 naciones.
Organizaciones de apoyo a migrantes, como #AfghanEvac, han criticado estas decisiones, señalando que castigar a comunidades enteras por la acción de un solo individuo es injusto y contraproducente.