
El empresario Eduardo Read y otras seis personas se presentaron este sábado ante la Procuraduría General de la República (PGR) como parte de las diligencias del Ministerio Público en la investigación por presunta corrupción administrativa en el Seguro Nacional de Salud (Senasa).
La ronda de comparecencias incluyó también al exdirector de la institución, Santiago Hazim, quien volvió a defender su gestión y afirmó que “siempre actuó con transparencia”.
Read, propietario de la empresa Khersum SRL, figura entre los señalados en reportajes de investigación que revelaron que su compañía fue contratada para gestionar la atención de unos 500 mil afiliados del régimen subsidiado.
Según dichas publicaciones, una de sus empresas recibía pagos superiores a 60 millones de pesos mensuales, sin que estuviera claro si los servicios se ofrecían efectivamente a los usuarios.
Las citaciones ocurren 16 días después de que el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, adelantara que se producirían novedades en el expediente. Camacho había afirmado que “pronto habrá noticias” al ser consultado sobre el avance del caso.
El presunto esquema irregular fue inicialmente denunciado por el propio Hazim en noviembre de 2024, cuando aún dirigía Senasa.
A través de la Consultoría Jurídica de la entidad, presentó documentos que aseguraba demostraban la manipulación del sistema de autorizaciones médicas para cometer un fraude millonario. El presidente Luis Abinader destituyó a Hazim en agosto de este año.
En septiembre, el superintendente de Salud y Riesgos Laborales, Miguel Ceara Hatton, junto al director de Senasa, Edward Guzmán, entregaron a la PGR un nuevo informe con “graves hallazgos de irregularidades”, detectados durante sus funciones en la institución.
Al llegar a la Procuraduría, Hazim reiteró que su administración actuó con honradez y que está dispuesto a responder ante cualquier instancia.
“Voy a dar la cara donde sea necesario”, afirmó el exdirector, quien insiste en que su denuncia permitió destapar el caso.
La investigación suma más de once meses y continúa abierta mientras las autoridades profundizan en la supuesta red de irregularidades dentro del sistema de servicios y autorizaciones de Senasa, considerada una de las instituciones más sensibles del sector salud.