Ministerio Público pide 18 meses de prisión preventiva contra implicados en caso Senasa

El Ministerio Público depositó la noche de este lunes la solicitud de medida de coerción contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, y otros implicados en un presunto entramado de corrupción, contra quienes pide 18 meses de prisión preventiva.

El depósito se realizó dentro del plazo de 48 horas que establece el Código Procesal Penal para presentar a los arrestados ante un juez, marcando la primera fase judicial del caso, que según las investigaciones habría causado un millonario perjuicio al Sesana.

Entre los implicados se encuentran también el empresario Eduardo Read, y todos permanecen recluidos en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

Según el Ministerio Público, los arrestados habrían operado mediante sobornos, falsificación de documentos, manipulación de estados financieros y creación de programas sin sustento legal, presuntamente bajo la dirección de Hazim desde la propia Dirección Ejecutiva de la institución.

Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del SeNaSa, encabeza el grupo de imputados que integran, además, Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera y Heidi Mariela Pineda Perdomo.

Los fiscales Rosa García, Enmanuel Ramírez, Héctor García, Yudelka Holguín, Aurelio Valdez, Alexis Piña y Ernesto Guzmán depositaron el documento en el que solicitaron a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional la imposición de prisión preventiva y la declaratoria del caso como de tramitación compleja.

Héctor García adelantó que los imputados afectaron al SeNaSa con al menos 15 mil millones de pesos.

La Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), que encabezan el procurador adjunto Wilson Camacho, y la procuradora de corte Mirna Ortiz, están a cargo de las investigaciones que siguen en proceso.

Entre otros delitos, al grupo se le imputan cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.