- Martes, 9 de Diciembre, 2025
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Santo Domingo,-Durante un cuarto de siglo, la República Dominicana ha debido mirarse en un espejo incómodo: el de la corrupción estatal. Entre cambios de gobierno, promesas de reformas y sacudidas judiciales, el país ha tejido y destejido una historia larga, compleja y dolorosa. Una historia que volvió a estremecerse en diciembre de 2025, cuando una operación de alto impacto recordó que el pasado aún respira dentro del presente.
El caso Senasa está siendo estipulado como el más grande y grave, por la magnitud de los fondos mencionados ( RD$41,000 millones) , por que se coludieron empresas y empresarios privados con funcionarios públicos en un entramado organizado para desfalcar a un sector sensible para la sociedad donde los mayores afectados son los pobres.
El Estado dominicano ha sido desfalcado aproximadamente con 77,642.905 millones de pesos dominicanos.
El amanecer del 7 de diciembre cayó con estruendo. El Ministerio Público puso en marcha la Operación Cobra, un expediente que, según lo presentado por las autoridades, podría convertirse en uno de los mayores golpes contra la corrupción en la historia reciente.
Las imputaciones señalan un entramado que habría drenado miles de millones del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa). Entre los arrestados figura el exdirector Santiago Hazim. De acuerdo con los fiscales, el daño rondaría los RD$ 41,000 millones, sostenido —siempre según la investigación— por una estructura paralela de contratos irregulares, autorizaciones ficticias y maniobras contables.
El presidente Luis Abinader ordenó que SeNaSa se constituyera como actor civil para recuperar, en sus palabras, “hasta el último peso”.
Una frase que resonó en un país ya acostumbrado a ver desfilar nombres, cifras y siglas en los titulares.
La época del expresidente Fernández estuvo marcada por controversias que, aunque llenaron portadas, pocas veces llegaron a juicio.
Caso Sun Land (2001–2010)
Los cuestionamientos giraron en torno a préstamos internacionales sin aprobación congresual. Las denuncias se multiplicaron; las condenas, no.
Caso Funglode (2009–2016)
Se habló del uso de fondos públicos en fundaciones vinculadas al exmandatario. El caso nunca ingresó a los tribunales.
Odebrecht (2001–2015)
La constructora brasileña roció sobornos sobre gran parte de América Latina, y República Dominicana no fue excepción.
Las obras emblema —Punta Catalina, la Autovía del Coral, la carretera del Nordeste— quedaron bajo la sombra de pagos ilícitos.
El proceso terminó con la mayoría de los acusados absueltos y una sola condena.
Si algo caracterizó este período fue la explosión de expedientes que, tras 2020, llenaron los tribunales.
2020 | Operación AntiPulpo
Señala al hermano del expresidente, Alexis Medina, y a exfuncionarios. Se estima un perjuicio de RD$ 5,000 millones.
2021 | Operación Coral y Coral 5G
Militares, pastores, escoltas y estructuras de seguridad figuran en un expediente que ronda los RD$ 4,500 millones.
2022 | Medusa
Con el exprocurador Jean Alain Rodríguez como principal imputado, la cifra supera los RD$ 6,000 millones.
2023 | Calamar
Un caso monumental que involucra a exministros y candidatos presidenciales. El monto estimado supera los RD$ 21,000 millones.
A estos se suman Operación 13, Gavilán y una serie de golpes contra redes de lavado: Falcón, Larva, Colibrí, Caimán, 77 y Nido.
Luis Abinader y las promesas de saneamiento (2020–2025)
Aunque su gobierno se ha caracterizado por permitir y en ocasiones promover la acción del Ministerio Público, no ha estado exento de señalamientos internos.
INABIE (2021)
Denuncias sobre compras irregulares en el programa de almuerzo escolar llevaron a cambios administrativos.
Investigaciones internas revelaron casos de sobornos y sustracción de bienes.
Casos municipales (2023–2024)
Varias alcaldías fueron intervenidas por manejos ilícitos.
El exministro de Educación Ángel Hernández enfrentaba diversas denuncias por supuesta omisión de bienes y corrupción institucional. La organización ADOCCO lo acusó de no incluir en su declaración jurada la empresa familiar Constructora Playa Morón, creada en marzo de 2022, antes de su nombramiento en agosto del mismo año, la cual adquirió un terreno en Las Terrenas valorado en RD$ 31,095,000, monto cuestionado frente a sus ingresos declarados. Aunque la DIGEIG archivó la denuncia tras una rectificación, ADOCCO la llevó a la PEPCA en septiembre de 2025 por posible violación a las leyes de declaración jurada y lavado de activos.
Entre los casos más relevantes se encuentran los terrenos del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), la malversación en el Ministerio de Agricultura, el pago de salarios en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y presuntas irregularidades en la distribuidora eléctrica Edeeste.
CEA: terrenos estatales y denuncias ante PEPCA
En septiembre de 2025 se presentó una querella formal ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) contra ex y actuales funcionarios del CEA, incluyendo a Rafael Burgos Gómez. La denuncia señala que más de 150 mil metros cuadrados de terrenos estatales fueron entregados irregularmente a personas y empresas privadas, violando decretos presidenciales que prohibían su venta.
Como medida preventiva, en 2024 el Estado emitió el decreto 581 23 para crear un fideicomiso público destinado a proteger estos terrenos y evitar nuevas irregularidades. Sin embargo, hasta la fecha no hay sentencia definitiva que determine responsabilidades penales, y la situación mantiene tensiones políticas, con exfuncionarios y sectores públicos demandando aclaraciones sobre lo que algunos califican como una “piñata” de terrenos durante décadas.
Ministerio de Agricultura: condenas por malversación
En 2025, dos personas —Julio Enrique Domínguez Solano y Antonio José Paredes Elizondo— fueron condenadas por desfalco de fondos mediante transferencias ilícitas a través del sistema NetBanking del viceministerio administrativo/financiero, por un monto aproximado de RD$ 3.810.000. Uno de los acusados cooperó con las investigaciones y recibió pena suspendida. Este caso evidencia cómo operan mecanismos de desfalco dentro de entidades estatales y constituye un ejemplo reciente de condena judicial firme.
UASD: reclamos laborales por RD$ 200 millones
En 2024, un grupo de profesores de la UASD exigió el pago de más de RD$ 200 millones en salarios adeudados. La universidad indicó que parte del monto ya había sido cancelado y que los retrasos obedecían a trámites administrativos. Hasta ahora, este caso se considera un conflicto laboral y administrativo, sin evidencia pública de corrupción, sobornos o irregularidades penales.
En agosto de 2025, Celso Marranzini denunció que Manuel Mejía Naut, exadministrador de Edeeste, manipuló registros de consumo eléctrico para inflar facturas a cerca de 42.000 clientes. Además, investigaciones apuntan a que una empresa de seguridad privada ligada a contratos con distribuidoras eléctricas habría pagado más de RD$ 108 millones en sobornos entre 2012 y 2025 para obtener contratos indebidos. La denuncia está en fase de presentación de pruebas y podría derivar en acciones judiciales.
Ademàs son veinticinco años en los que algo ha cambiado:
la sociedad civil exige, la prensa investiga, las redes amplifican y el Ministerio Público —con mayor autonomía— ha empujado procesos que antes parecían impensables.
