Dr. Leonel Fernández: los casos de corrupción no se perdonan como en el pasado, hoy se castigan

Las declaraciones del expresidente Leonel Fernández, asegurando que la corrupción en el Seguro Nacional de Salud (SENASA) “no será perdonada jamás”, han intensificado una discusión que, aunque latente, nunca ha dejado de estar presente en la opinión pública dominicana: el contraste entre la retórica anticorrupción y las acciones gubernamentales reales.

El detonante —el monumental fraude descubierto en SENASA mediante la Operación Cobra, que reveló desvíos que superan los RD$15,900 millones— ha sido catalogado como uno de los mayores escándalos en la historia del sistema de salud público.

¿Una advertencia o un boomerang político?

El discurso que terminó apuntando hacia su propio origen

Las palabras del expresidente Leonel Fernández, proclamando que el caso SENASA “jamás será perdonado”, pretendía erigirse como una advertencia categórica al país y una condena moral a la gestión actual. Sin embargo, lejos de consolidar autoridad, su mensaje detonó un giro inesperado: se transformó en un boomerang político que regresó directo hacia el mismo historial que el exmandatario ha tratado de dejar atrás.

En una nación donde la memoria social es larga, donde los escándalos del pasado aún resuenan en la esfera pública, sus declaraciones activaron un reflejo inmediato: volver a mirar la trayectoria de corrupción e impunidad durante sus propios gobiernos (2004–2012).

La memoria institucional que volvió por él

Cuando Fernández denuncia que el caso SENASA “no debe ser perdonado”, la opinión pública recuerda que bajo sus administraciones:

• La Cámara de Cuentas remitió 66 auditorías con hallazgos graves —sobrevaluaciones, pagos sin soporte, irregularidades contractuales, obras alteradas, compras infladas— que nunca fueron investigadas por la Procuraduría de la época y finalmente prescribieron sin sanción.
• Escándalos como Sun Land, con un contrato de US$130 millones sin aprobación congresual, se convirtieron en símbolos de falta de control y opacidad, sin consecuencias penales.
• Irregularidades en obras emblemáticas —el Metro, la Presa de Monte Grande, Bellas Artes, equipos policiales adquiridos a través de Sun Land, OISOE— quedaron registradas en listados oficiales de denuncias y reportajes de investigación, sin procesos judiciales impulsados desde el gobierno.
  En cualquier escenario político, estas omisiones podrían ser simplemente datos del pasado. Pero cuando quien la encarna critica el manejo actual de un caso de corrupción, se abre un inevitable contraste ético: ¿por qué antes se archivaban expedientes y hoy se exige castigo?

La frase que pretendió ser un juicio y terminó como una confesión involuntaria

Las palabras de Fernández resonaron como un eco que se volvió en su contra porque la ciudadanía interpreta la lucha contra la corrupción desde otra óptica: hoy no basta con indignarse; se exige actuar. El escrutinio público actual funciona con un nivel de madurez institucional que no existía en sus gobiernos.

En este nuevo entorno, su afirmación se percibió como una paradoja: el presidente que gobernó mientras escándalos eran ignorados exige ahora que “jamás se perdonen” casos como SENASA, un expediente que sí está en manos de la justicia, con coerciones, imputaciones formales y funcionarios sometidos.

Para muchos analistas, su frase operó como un recordatorio involuntario de un período marcado por:

• engavetamiento sistemático de denuncias,
• falta de independencia real del Ministerio Público,
• ausencia de investigaciones profundas,
• preservación de redes clientelares,
• y, en definitiva, una normalización de la impunidad como práctica institucional.

El cambio de época: cuando la justicia dejó de depender del poder político

La razón por la cual el comentario de Fernández no caló como esperaba es simple: el contexto es otro. La ciudadanía, los medios y las instituciones operan hoy dentro de una estructura en la que la justicia muestra una independencia inédita. Casos como Medusa, Anti pulpo, Coral–Coral 5G, Operación 13 y, de manera especial, Operación Cobra, han demostrado que los expedientes ya no se deciden en conversaciones de pasillo, sino en los tribunales.

Hoy la justicia no se decide desde el Palacio Nacional, se decide en los tribunales.

Esto convierte la denuncia de Fernández en un arma de doble filo: en su época, sí se decidía desde el Palacio; hoy, ya no.

Por ello, el mensaje que quiso proyectar como forma de indignación moral terminó siendo interpretado como un contraste directo con su propio legado.

El boomerang político en su máxima expresión

En vez de debilitar al gobierno actual, las declaraciones han hecho que parte de la población recuerde los años en los que:

• Los grandes escándalos quedaban sin investigación.
• Las auditorías prescribían sin que se abriera un solo expediente.
• Los funcionarios implicados salían fortalecidos en la estructura política.
• La justicia era vista como un brazo administrativo del poder.
  Hoy, cuando el Ministerio Público actúa con fuerza —con prisión preventiva, acusaciones formales y ampliación de investigaciones—, el discurso de “jamás será perdonado” suena menos a advertencia y más a un espejo de lo que pudo hacerse y no se hizo.

En términos estrictamente políticos, esta es la esencia del boomerang:
lo que se lanzó como un ataque terminó amplificando la conversación sobre la impunidad de sus propios gobiernos.

El contraste con el gobierno de Luis Abinader

Mientras las críticas del expresidente Fernández reabren los debates sobre la impunidad del pasado, el gobierno del presidente Luis Abinader construye una narrativa —y una práctica institucional— que marque distancia de esa tradición. Desde su llegada al poder en 2020, Abinader ha presentado la lucha contra la corrupción como uno de los pilares de su administración, no solo desde el discurso político, sino desde la implementación de un andamiaje institucional sin precedentes recientes en la República Dominicana.

Un primer elemento diferenciador ha sido la creación de mecanismos formales de prevención, monitoreo y sanción, entre ellos el Sistema Nacional de Transparencia y Anticorrupción (SNTA) y la Comisión Presidencial de Transparencia y Anticorrupción, establecidos mediante los decretos 7625 y 16625. Estas estructuras buscan coordinar auditorías, supervisiones, alertas tempranas y revisiones permanentes de los procedimientos de compras públicas. Según reportes oficiales, el sistema de alertas de la Dirección de Contrataciones Públicas ha generado más de 52,000 advertencias, muchas de las cuales desembocaron en la cancelación o rediseño de procesos que presentaban riesgos de irregularidades. [clubensayos.com]

Además, la administración actual ha mostrado un comportamiento inusual en la política dominicana: la separación inmediata del cargo de funcionarios señalados, incluso cuando estos pertenecen al propio partido o son figuras de confianza presidencial. Casos como la Lotería Nacional (Operación 13), que implicó la destitución y posterior sometimiento del exadministrador Luis Maisichell Dicent; el caso del Intrant (Operación Camaleón), que llevó a la imputación del exdirector Hugo Beras y varios funcionarios adicionales; y el propio escándalo de SENASA, que culminó en la destitución del director Santiago Hazim y su sometimiento ante los tribunales, muestran una actitud gubernamental más proclive a permitir —e incluso impulsar— la investigación penal. [lasprimeras.com.do], [elnacional.com.do], [elnacional.com.do]

En términos cuantificables, la administración Abinader ha remitido 287 expedientes administrativos por faltas disciplinarias al Ministerio de Administración Pública y ha enviado 49 casos de presunta corrupción al Ministerio Público para investigación formal. De acuerdo con cifras oficiales, esta política ha permitido la recuperación de más de RD$6,500 millones al patrimonio estatal y mantiene más de RD$130,000 millones bajo procesos investigativos activos. Estas cifras son consideradas inéditas en gobiernos anteriores, donde rara vez se hablaba de recuperación tangible de bienes o devolución de fondos desviados. [elcaribe.com.do], [presidencia.gob.do]

Asimismo, instituciones como la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) han multiplicado auditorías internas, revisiones de transparencia y programas de capacitación a servidores públicos. Entre enero y marzo de 2025, por ejemplo, se evaluaron 230 instituciones estatales, de las cuales 211 alcanzaron entre 85 y 100 puntos en transparencia, reflejando avances en materia de acceso a información, cumplimiento normativo y apertura institucional. [elcaribe.com.do]

No obstante, el contraste no se limita solo a la creación de mecanismos, sino al efecto político y simbólico: por primera vez en décadas, la narrativa de “régimen de consecuencias” ha comenzado a materializarse en detenciones, coerciones, embargos, arrestos domiciliarios, medidas cautelares y procesos judiciales complejos que involucran a funcionarios en ejercicio, exfuncionarios e incluso aliados políticos. La administración Abinader, en múltiples ocasiones, ha insistido en que “no habrá impunidad”, independientemente de apellido, cargo o afinidad partidaria.

Este enfoque ha redefinido el debate público. Mientras en el pasado las preguntas solían centrarse en por qué no se investigaba, hoy la discusión gira en torno a la velocidad, la profundidad y el alcance final de las investigaciones. Los ciudadanos, que antes veían la justicia como un territorio inaccesible para los poderosos, observan ahora un proceso donde la presión social, la independencia del Ministerio Público y la acción gubernamental confluyen para producir resultados visibles —aunque el desenlace judicial, naturalmente, dependa de los tribunales.

En este contexto, el caso SENASA representa un desafío mayor. No solo por la magnitud del fraude, sino porque involucra a un funcionario nombrado por el propio gobierno y pone a prueba la consistencia del discurso anticorrupción del presidente. Sin embargo, la rapidez con la que se remitieron informes, la apertura del Ministerio Público y las medidas coercitivas impuestas al exdirector Hazim han sido interpretadas como evidencia de que el Estado está dispuesto a permitir que la justicia actúe sin reservas, incluso dentro de sus propias filas. [elnacional.com.do]

Así, el contraste entre los gobiernos de Fernández y Abinader no reside únicamente en el número de escándalos —pues la corrupción no desaparece por decreto—, sino en la voluntad institucional de enfrentarlos, en las herramientas creadas para combatirlos y en la apertura del poder político para que sus propios miembros enfrenten consecuencias.

Mientras en el pasado la impunidad era la norma, hoy, en el plano institucional, el país asiste a una transformación: de la tolerancia estructural a la sanción activa, del archivo silencioso a la investigación pública, del perdón automático al castigo obligatorio.

Conclusión: del perdón automático al castigo obligatorio

La frase de Leonel Fernández pretendía denunciar un hecho grave. Pero acabó recordando que, durante sus gobiernos, la norma fue el silencio institucional y la ausencia de consecuencias.

Hoy, por primera vez, República Dominicana se enfrenta a un nuevo paradigma: los casos de corrupción no se perdonan como en el pasado… hoy se castigan.

Sin embargo, este avance no debe verse solo como la respuesta puntual a un escándalo, sino como una oportunidad histórica para transformar la cultura estatal. La búsqueda firme del castigo a quienes cometen actos de corrupción no solo debe reparar el daño ya hecho, sino también servir de ejemplo para toda la administración pública, recordando que nada humano nos debe ser ajeno y que cada funcionario tiene la obligación ética y legal de resguardar lo público.

El caso SENASA marca un punto de inflexión. El país observará si este impulso se convierte en una política sostenida capaz de erradicar la impunidad o si todo quedará en un esfuerzo aislado. En este sentido, es fundamental destacar los esfuerzos del presidente Luis Abinader, quien ha impulsado un esquema institucional basado en la transparencia, la rendición de cuentas y el fortalecimiento de un Ministerio Público verdaderamente independiente, como garante de que los procesos judiciales no dependan de presiones políticas ni del poder ejecutivo. Hoy la justicia no se decide desde el Palacio Nacional, se decide en los tribunales, y esa separación efectiva entre gobierno y justicia constituye una ruptura histórica con prácticas del pasado. Lo que está en juego no es solo la justicia de un caso, sino la credibilidad futura del Estado dominicano y la confianza de un pueblo que exige, cada vez con más fuerza, integridad, firmeza y consecuencias reales.

El autor es Politólogo