
En el cierre de la actual legislatura ordinaria, la Cámara de Diputados aprobó de manera acelerada y en dos lecturas consecutivas una ley que autoriza al Estado dominicano a pagar compromisos pendientes con contratistas por obras públicas ya ejecutadas, recibidas y utilizadas, pero que nunca fueron liquidadas por irregularidades administrativas o falta de contratos formales.
La iniciativa, que había recibido luz verde del Senado en una sesión extraordinaria, crea un mecanismo excepcional para reconocer obligaciones acumuladas durante décadas por distintas instituciones públicas, especialmente correspondientes a trabajos realizados antes de la entrada en vigor de la Ley de Compras y Contrataciones.
La normativa establece que cada caso deberá ser sometido a una evaluación técnica y legal que confirme la ejecución real de las obras y su recepción por parte del Estado, con el objetivo de evitar pagos indebidos y garantizar transparencia en el proceso.
Según los legisladores, la ley busca resarcir a decenas de proveedores que han esperado hasta más de 30 años por el pago de servicios prestados, sin que ello implique habilitar nuevas contrataciones fuera del marco legal vigente.
De hecho, la legislación tendrá carácter transitorio y quedará derogada automáticamente una vez se cumplan los pagos correspondientes.
Los desembolsos estarán condicionados a la disponibilidad presupuestaria y a los procedimientos que definan las autoridades competentes.
En los casos de contratistas fallecidos, el beneficio será transferido a sus familiares directos.
Con esta aprobación, la ley solo queda a la espera de su promulgación por parte del Poder Ejecutivo para entrar en vigor.